El ingreso de Mahiques al Gabinete acelera los pliegos en el Senado.
La reciente designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia ha provocado un sismo político que alcanza a todos los poderes del Estado. Su llegada no solo marca un nuevo liderazgo en la cartera judicial, sino que ha funcionado como el catalizador necesario para reactivar la Comisión de Acuerdos en la Cámara Alta. Tras meses de parálisis y tensiones reglamentarias, el oficialismo se prepara para avanzar con el tratamiento de más de 200 pliegos destinados a cubrir cargos clave en la Justicia Federal de todo el país.
El nuevo titular de la cartera tiene como prioridad inmediata el análisis de los expedientes que quedaron pendientes de la gestión anterior. Según Infobae, el Poder Ejecutivo había frenado estas designaciones para evitar acuerdos previos que no contaran con el visto bueno de la Secretaría General de la Presidencia. Ante este nuevo escenario, el bloque de senadores del kirchnerismo, que hasta ahora se había negado a participar de la comisión, ha decidido dar un giro en su estrategia y apurar el envío de sus representantes para no quedar fuera de la discusión de fondo.
El kirchnerismo define sus nombres para la Comisión de Acuerdos
Hasta el momento, el bloque conducido por José Mayans mantenía una postura rígida, denunciando irregularidades en la proporcionalidad del reparto de las sillas en las comisiones. Esta resistencia impidió que el cuerpo encargado de dictaminar sobre los jueces y militares funcionara a pleno. Sin embargo, fuentes parlamentarias confirmaron que en las próximas horas ingresarán formalmente los nombres de los tres legisladores propuestos por el peronismo ante la presidencia del Senado.
Se espera que la lista sea encabezada por Anabel Fernández Sagasti, quien ya cuenta con experiencia previa presidiendo dicha comisión. El esquema se completaría con la senadora bonaerense Juliana Di Tullio y el chubutense Carlos Linares, figuras que han tenido un rol activo en los debates recientes. Con estas incorporaciones, el oficialismo buscará el próximo miércoles, en una reunión de presidentes de bloque, definir un cronograma de trabajo intenso para poner fin a la vacancia en los juzgados federales.
Fin a los informes de entidades privadas y nuevas reglas de juego
Un punto de fuerte fricción en el debate que se avecina es la decisión del Gobierno de prescindir de los informes elaborados por instituciones privadas para evaluar a los candidatos. La mirada libertaria apunta directamente contra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que históricamente ha realizado un seguimiento exhaustivo de los antecedentes de magistrados y militares. Desde el peronismo, la respuesta no tardó en llegar: cuestionan que una gestión que pregona la privatización se oponga ahora a la participación de una entidad civil en el proceso de transparencia.
El proceso institucional dicta que el Consejo de la Magistratura eleva una terna al Ejecutivo; este elige a un postulante y envía el pliego al Senado. Tras un periodo de audiencias públicas ante la comisión, se emite un dictamen que debe ser ratificado por el pleno del cuerpo con mayoría simple. Con la llegada de Mahiques y la normalización de la Comisión de Acuerdos, el Gobierno espera destrabar un engranaje judicial que resulta vital para el funcionamiento institucional de la República.