Escándalo judicial: abrieron un sumario administrativo contra el abogado Martín Castro.
La justicia y la administración pública de la provincia se vieron sacudidas este miércoles tras la decisión del fiscal de Estado, Andrés Meiszner, de iniciar un sumario administrativo contra el abogado Martín Castro. El letrado, quien además es empleado de planta permanente de la Fiscalía de Estado, quedó en el ojo de la tormenta tras la difusión de una cámara oculta donde se lo observa presuntamente cobrando una coima de 12 millones de pesos.
Según la acusación, Castro habría solicitado dicha suma de dinero bajo la promesa de gestionar ante la fiscal Julieta Gamarra una reducción significativa en la pena de Pablo “El Chavo” Ferreyra. El escándalo, que tomó trascendencia pública, pone bajo la lupa no solo el ejercicio profesional del abogado, sino también la integridad de las instituciones de control estatal.
Suspensión inmediata y violación a la Ética Pública
Como primera medida preventiva ante la gravedad de los hechos, las autoridades dispusieron la suspensión de Castro sin goce de haberes por un plazo de 30 días. Durante este periodo, el sumario buscará determinar si el agente incurrió en responsabilidades disciplinarias que ameriten una sanción mayor o incluso la exoneración de su cargo en el Estado.
La resolución oficial de la Fiscalía de Estado es tajante al señalar una posible «transgresión de normas legales y reglamentarias». El documento recuerda que la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública exige a los agentes mantener una conducta “correcta, digna y decorosa” en todo momento. Para la fiscalía, las acciones registradas en el material audiovisual configurarían conductas incompatibles con los principios de probidad y lealtad que rigen el servicio público.
Conflicto de intereses y daño institucional
Uno de los puntos clave que investigará el sumario es el rol dual de Castro. Si bien el abogado habría actuado como defensor particular en el caso de «El Chavo» Ferreyra, su condición de funcionario de un organismo de control estatal agrava la situación. La resolución advierte que podría existir un conflicto de intereses insalvable y que tales actos «comprometen la imagen, la credibilidad y el adecuado funcionamiento institucional».
El expediente administrativo incorpora el video de la cámara oculta y los testimonios de familiares del detenido, quienes aseguran que Castro les prometió que la fiscal «dejaría a su hijo con un año de pena» a cambio del pago millonario. Por su parte, el abogado negó públicamente haber ofrecido o entregado dinero a la fiscal Gamarra, aunque la evidencia fílmica ya ha generado un impacto irreversible en la percepción ciudadana sobre la transparencia del sistema judicial.