«Es un servicio esencial»: el Gobierno confirmó que sancionará a los trabajadores portuarios por el paro en el servicio de practicaje.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este mediodía que la administración nacional aplicará sanciones contra los trabajadores portuarios que participan de la medida de fuerza en el servicio de practicaje, la cual mantiene paralizadas las terminales fluviales de todo el país en rechazo al decreto desregulador firmado por el Poder Ejecutivo.
Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario ratificó la postura oficial frente al conflicto generado tras la implementación del Decreto 690/2026 —que modificó el reglamento vigente desde 1991—, el cual busca fomentar la competencia y reducir los costos logísticos en el sector.
«Hay una solución en marcha entre privados»
Al ser consultado sobre las penalizaciones previstas, Ravier remarcó: “No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir”.
En esa línea, el portavoz defendió la medida al señalar que el objetivo del Gobierno es bajar el denominado “costo argentino” mediante la incorporación de nuevos operadores al mercado portuario. Asimismo, subrayó la obligatoriedad del sector: “Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de mantenerlo”.
Por otro lado, al ser consultado sobre el nivel de endeudamiento crediticio de las familias argentinas, el vocero aseguró que el Ejecutivo no es «insensible» ante la situación, aunque descartó de plano la aplicación de políticas asistencialistas:
-
«No vamos a darle un plan platita a la gente que la pasa mal para dar una solución parcial; ese modelo ya lo vivimos y nos llevó a la miseria total», enfatizó, al tiempo que señaló que la solución se canaliza a través de acuerdos de mercado y refinanciaciones entre los bancos y sus clientes en mora.
Defensa del proyecto sobre propiedad privada
Finalmente, en relación con el debate parlamentario en torno al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la flexibilización para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros en el Senado, Ravier desmintió que la iniciativa vulnere la soberanía nacional.
«No afecta de ninguna manera la soberanía, cualquier extranjero que compre tierras deberá respetar nuestras leyes», afirmó, remarcando que el respeto irrestricto a los derechos de propiedad privada constituye la base fundamental para el crecimiento económico del país.