En un contexto de extrema sensibilidad para los derechos humanos en la región, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dio a conocer un balance actualizado sobre la situación carcelaria en Venezuela
Según el informe presentado este martes, se han registrado 603 excarcelaciones de presos políticos entre el 8 de enero y el 2 de marzo de 2026, marcando un hito en la agenda política del país caribeño.
El impacto de la Ley de Amnistía en las cifras
El reporte detallado de la ONG permite observar dos etapas bien diferenciadas en este proceso de liberaciones. De acuerdo con los datos sistematizados, la gran mayoría de las salidas de prisión —un total de 459 casos— se produjeron en el tramo comprendido entre el 8 de enero y el 20 de febrero.
Resulta llamativo que este grueso de las liberaciones ocurrió de manera previa a la sanción de la Ley de Amnistía. Por el contrario, desde que dicha norma entró en vigor, solo se han documentado 144 nuevas excarcelaciones. Esta diferencia en el ritmo de las salidas ha generado interrogantes entre los especialistas sobre la verdadera ejecución de la ley en el terreno judicial.
Transparencia y deudas pendientes del sistema
A pesar del avance que significan estos números, la situación está lejos de normalizarse. La información, que según Radio3 fue verificada caso por caso mediante reportes directos y anuncios oficiales, revela una realidad preocupante: todavía permanecen 759 personas detenidas por motivos políticos en las cárceles venezolanas.
Desde la JEP advirtieron sobre la falta de claridad en los datos proporcionados por el Estado. La organización subrayó la urgencia de que las autoridades publiquen listados oficiales detallados, ya que persiste la duda de si las liberaciones actuales responden directamente a la nueva normativa o a procesos discrecionales previos.
Un proceso bajo la lupa internacional
El cierre de este balance deja un sabor agridulce para los defensores de derechos humanos. Si bien se celebra cada libertad recuperada, diversas organizaciones coinciden en que la implementación de la amnistía está siendo «lenta e irregular».
La preocupación central radica en una posible «implementación selectiva», donde ciertos sectores de detenidos políticos quedarían excluidos de los beneficios legales. Mientras tanto, las familias de los 759 que aún esperan tras las rejas mantienen la guardia alta, exigiendo que el proceso de pacificación política no deje a nadie atrás.