La crisis política y económica en Bolivia sumó un nuevo capítulo de alta tensión
El presidente Rodrigo Paz envió un proyecto de ley al Congreso para reglamentar el estado de excepción, una medida con la que busca habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas para levantar los bloqueos de rutas que mantienen semiparalizado al país desde hace más de un mes. El anuncio se dio en un clima de extrema fragilidad, apenas un día después de la renuncia del ministro de Defensa, Mauricio Salinas.
Un proyecto para habilitar el estado de excepción
Durante el acto de asunción del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el mandatario boliviano defendió la iniciativa legal. Según Paz, el objetivo es «fortalecer» el rol militar ante un eventual escenario de excepción, una herramienta que no descartó aplicar si el conflicto social se profundiza. Aunque el presidente aseguró que los canales de diálogo siguen abiertos, calificó la potencial intervención militar como una medida de carácter «humanitario» para garantizar el abastecimiento, sin dar mayores detalles sobre la letra chica del proyecto.
Desabastecimiento y fuerte presión en las calles
Las protestas comenzaron impulsadas por gremios de camioneros, mineros, docentes y sectores campesinos debido a la severa crisis económica. Sin embargo, con el correr de los días, las consignas viraron radicalmente hacia la exigencia de la renuncia del propio presidente.
El impacto de los cortes de rutas ya es crítico, afectando principalmente a La Paz y El Alto. Las consecuencias civiles son graves: las autoridades confirmaron el fallecimiento de siete personas que no pudieron recibir asistencia médica a tiempo por culpa de los piquetes. En las calles, las filas para cargar combustible son interminables —con choferes acampando a la intemperie— y la recolección de residuos se encuentra colapsada.
Tensión de poderes y la sombra de Evo Morales
La jugada del Ejecutivo se produce en un escenario de fuerte disputa de poder, luego de que el Congreso anulara una normativa que obligaba al presidente a tener aval legislativo para decretar el estado de excepción. Con este nuevo proyecto, el oficialismo busca recuperar la facultad de restringir libertades clave como la de reunión y la de circulación.
Desde la vereda gubernamental, acusan directamente al expresidente Evo Morales —actualmente prófugo en una causa por presunta trata de personas— de dirigir las movilizaciones con el único fin de desestabilizar el orden democrático.