En un contexto donde la conectividad es esencial, los usuarios argentinos enfrentan una amenaza doble: las estafas digitales y las prácticas comerciales abusivas de las empresas de telecomunicaciones
Lo que comienza con un mensaje seductor de WhatsApp prometiendo un «descuento exclusivo» en el abono de internet o TV, a menudo termina en un contrato con costos ocultos o, peor aún, en el robo de datos bancarios.
El anzuelo de los «súper descuentos» y los costos ocultos
La mecánica del engaño es variada pero efectiva. Por un lado, están los anuncios engañosos que promocionan rebajas de hasta un 50% pero omiten información crucial: plazos de vigencia mínimos, topes de consumo, cargos de instalación no informados y aumentos automáticos tras los primeros meses.
Por otro lado, ha crecido exponencialmente el fraude que imita a empresas reconocidas. Los estafadores contactan a los clientes exigiendo «confirmar datos» o instalar aplicaciones para supuestamente activar un beneficio. En realidad, buscan capturar claves o tomar control de las cuentas bancarias de las víctimas bajo una urgencia artificial que impide el análisis lógico del usuario.
Multas millonarias y el derecho a la baja
La problemática no es solo externa; también involucra a las grandes prestadoras. Recientemente, la Provincia de Buenos Aires aplicó una multa de $167 millones a la empresa Telecentro tras acumular cientos de denuncias. Entre las infracciones más graves se detectó la inoperatividad del «Botón de Baja» y la imposición de cobros por períodos completos a pesar de que el cliente ya había solicitado rescindir el servicio.
La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor es clara: los usuarios tienen derecho a una información cierta, clara y detallada. Además, rige el principio de que la baja debe poder realizarse por el mismo canal por el cual se contrató el servicio, sin dilaciones ni trámites burocráticos que funcionen como obstáculos artificiales.
Cómo protegerse de las promociones engañosas
Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier contacto iniciado por redes sociales o mensajería que solicite información sensible. Es fundamental recordar que las empresas oficiales ya cuentan con los datos de sus clientes y nunca pedirán claves de acceso o transferencias para aplicar un descuento comercial.
Ante cualquier irregularidad en la facturación o dificultades para dar de baja un servicio, se insta a los ciudadanos a realizar la denuncia formal en las oficinas de Defensa del Consumidor. El seguimiento de estas prácticas es la única vía para frenar un mercado que, en ocasiones, confunde la competencia comercial con la vulneración de derechos básicos.
