La disputa por el futuro de los históricos complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse escaló con dureza.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof acusó al gobierno de Javier Milei de impulsar un “negocio inmobiliario”, en medio de medidas que generan incertidumbre sobre el destino del turismo social en Argentina.
Kicillof acusa a Nación de querer privatizar el turismo social
El gobernador de la provincia de Buenos Aires apuntó directamente contra la administración nacional por avanzar con cambios en la Unidad Turística de Chapadmalal. Según denunció, detrás de la iniciativa existiría un intento de transformar estos espacios en un negocio para el sector privado.
En ese marco, el Gobierno bonaerense volvió a exigir la transferencia completa de los complejos a la órbita provincial para garantizar la continuidad de los programas de turismo social, destinados históricamente a sectores populares.
La Provincia busca frenar la pérdida de un derecho histórico
Desde la gestión provincial remarcaron que no permitirán que estos espacios, creados para garantizar vacaciones accesibles, sean desmantelados. El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, fue tajante: advirtió que no van a dejar que “rematen nuestra historia ni conviertan un derecho en un negocio de unos pocos”.
Estos complejos, desarrollados desde fines de la década de 1940, fueron clave para democratizar el acceso al turismo en Argentina, beneficiando a trabajadores, jubilados y estudiantes.
Despidos y tensión: crece la incertidumbre en Chapadmalal y Embalse
El conflicto se profundizó en los últimos días con la confirmación de despidos y pases a disponibilidad de trabajadores. En total, entre 101 y 103 empleados fueron afectados en ambos complejos, según denunciaron sectores gremiales.
Las medidas impulsadas por la Secretaría de Turismo y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) encendieron alarmas sobre un posible vaciamiento y paralización de actividades.
El plan del Gobierno: concesiones por 30 años
Desde Nación ya habían anticipado modificaciones en el destino de estos predios. En el caso de Chapadmalal, se confirmó la intención de concesionar el complejo por un período de 30 años a operadores privados.
El argumento oficial apunta a atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento estatal. Sin embargo, desde la Provincia interpretan esta decisión como una antesala de privatización.
Por su parte, el complejo de Embalse, en Córdoba, fue transferido a la órbita de la AABE, aunque aún no se definió públicamente cuál será su destino final.
Un conflicto político con impacto social
El enfrentamiento entre Nación y Provincia no es solo político: pone en juego el acceso al turismo para miles de argentinos. Mientras el Gobierno nacional busca reformular el esquema, desde Buenos Aires sostienen que defenderán estos espacios como patrimonio público.
“Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia va a defender lo que es de todos”, remarcaron desde el entorno de Kicillof.
El futuro de Chapadmalal y Embalse sigue envuelto en incertidumbre. Entre acusaciones de privatización, despidos y tensiones políticas, el debate de fondo se centra en una pregunta clave: ¿el turismo social seguirá siendo un derecho o pasará a manos del mercado?