Argentina autoriza el bloqueo de celulares en cárceles federales mediante el control de IMEI.
En un paso clave para combatir el crimen organizado desde los centros de detención, el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió la Resolución 336/2026. Esta normativa autoriza la instalación y el uso de tecnología avanzada para la detección y el bloqueo de dispositivos móviles dentro de las unidades penitenciarias federales de todo el país.
El objetivo central de la medida es neutralizar las comunicaciones no autorizadas que permiten a los reclusos coordinar actividades delictivas desde el interior de los penales.
Implementación tecnológica y supervisión administrativa
La ejecución de este plan estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, organismo encargado de la adquisición, instalación y el mantenimiento de los equipos. El sistema no funcionará de manera indiscriminada, sino que se basará en dispositivos fijos estratégicamente ubicados para monitorear áreas específicas de las cárceles.
Estos equipos tienen la capacidad de identificar el número de IMEI (identidad internacional de equipo móvil) de cualquier celular que registre actividad en las zonas restringidas. Una vez detectado el dispositivo, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios iniciará el protocolo de inhabilitación.
Protocolo de bloqueo y obligaciones de las operadoras
El procedimiento administrativo establece una responsabilidad directa para las empresas prestatarias de servicios de telefonía móvil. Una vez que el Estado solicita el bloqueo de un equipo detectado, las operadoras deben cumplir con el pedido en un plazo máximo de 48 horas.
Para garantizar la transparencia y el seguimiento de la medida, el sistema contempla:
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Informes inmediatos: Los prestadores deben notificar el cumplimiento del bloqueo apenas sea ejecutado.
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Listas confidenciales: Se mantendrá un registro reservado de todos los equipos inhabilitados bajo este protocolo.
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Capacitación profesional: El personal policial recibirá instrucción específica para operar las herramientas de detección y gestionar los procedimientos de seguridad.
Un escudo contra el delito complejo
La medida busca evitar los «bloqueos involuntarios» que afecten a vecinos de las zonas aledañas a los penales, un problema recurrente con los inhibidores de señal tradicionales. Al centrarse en la detección de actividad y el bloqueo por IMEI, el sistema permite una intervención quirúrgica sobre los dispositivos que operan ilegalmente tras los muros.
Con esta resolución, el Gobierno Nacional intenta cerrar una de las brechas de seguridad más críticas en la lucha contra el narcotráfico y las extorsiones, reforzando el control estatal sobre el sistema penitenciario federal.