El sistema de salud previsional atraviesa una semana crítica. Médicos de cabecera de todo el país comenzaron este lunes una medida de fuerza por tres días en rechazo a una reciente normativa del organismo
Los profesionales denuncian que, bajo la apariencia de una reestructuración administrativa, se esconde un recorte real en sus haberes, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los consultorios y la calidad de atención para miles de jubilados.
La resolución de la polémica y el «recorte encubierto»
El foco del conflicto es la Resolución 2026-1107, emitida el pasado 9 de abril. Si bien el PAMI presentó la medida como un «ordenamiento» que eleva la cápita a $2.100 por afiliado, los médicos advierten que se trata de una mejora engañosa. Según los profesionales, el incremento del monto fijo no compensa la eliminación de conceptos que hasta ahora resultaban vitales para el sostenimiento de su actividad.
Uno de los puntos que genera mayor malestar es la quita del pago por consulta presencial, que permitía facturar hasta 140 atenciones mensuales. Con el nuevo esquema, el monto por cápita debe cubrir la totalidad de las prácticas y seguimientos, lo que en la práctica implica «más trabajo por menos ingresos». Los médicos sostienen que esta ecuación hace inviable el mantenimiento de consultorios privados frente a los costos crecientes de alquileres e insumos.
Formación desprotegida y atención resentida
Otro eje del reclamo es la eliminación de los incentivos económicos destinados a la capacitación de posgrado. La nueva normativa dejó sin efecto estos pagos bajo el argumento de que los objetivos de formación ya fueron alcanzados. Los profesionales califican esta decisión como una contradicción absoluta: se les exige actualización constante pero se elimina el reconocimiento económico por dicho esfuerzo.
La unificación del nomenclador, lejos de simplificar la tarea, ha sido interpretada como una herramienta de ajuste que absorbe múltiples prestaciones en un pago único insuficiente. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades del instituto, la medida de fuerza de 72 horas afecta la programación de turnos y la atención habitual en todo el territorio nacional, agravando una crisis sanitaria que parece no encontrar un punto de acuerdo.