El Gobierno de Javier Milei redujo la ejecución de las transferencias nacionales a las provincias en un 65,65% en términos reales en lo que va de su gestión, de modo que los recursos disponibles de las provincias (Transferencias automáticas + discrecionales) cayeron un 19% en términos reales: 1,5 billones de pesos mensuales. Para paliar el desfasaje, acaba de girarles a doce de ellas un anticipo financiero de $400.000 millones.
Según el Decreto 219/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, el 50% de las provincias argentinas «manifiestan que se ven impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas».
Las provincias beneficiarias del anticipo financiero
Milei les entrega “un anticipo financiero” , a una tasa del 15% anual, para Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. El monto del anticipo se determinará, en cada caso, en función de “la capacidad de repago de cada provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”, pero no podrá exceder los $400.000 millones y deberá devolverse antes del 31 de diciembre de 2026.
Caída de la coparticipación y ajuste sobre los trabajadores
En el primer trimestre de 2026, los Recursos de Coparticipación cayeron 8% y los ingresos por impuestos provinciales alrededor del 4% . Como el 70% del presupuesto provincial se concentra en salud, educación, seguridad social y seguridad, el ajuste recayó sobre los trabajadores de estos sectores.
El Centro CEPA, con la firma de su titular, Hernán Letcher, relevó la situación estatal en todo el país: conflictos aún activos en un 80,4% con educación, empleados de salud, policías y empleo público. Del 19,6% de conflictos con acuerdo, la mayoría son de corto plazo: los gremios aceptan reaperturas en 30 o 60 días para no perder contra la inflación.
El detalle provincia por provincia
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Buenos Aires: conflictos en educación, empleo público, judicial y salud.
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CABA: reclamos por adelantamiento de paritarias en educación y empleo público.
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Catamarca: situación crítica con seis sectores en conflicto.
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Chaco: siete puntos de conflicto, principalmente en educación, empleo público y policía.
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Chubut: conflictos en educación y salud.
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Córdoba: cinco áreas en conflicto.
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Corrientes: cinco conflictos activos.
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Entre Ríos: seis sectores en conflicto.
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Formosa: la provincia anunció incrementos salariales importantes.
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Jujuy: cuatro sectores en conflicto.
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La Pampa: conflictos en educación y empleo público.
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La Rioja: conflictos en educación y empleo público.
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Mendoza: conflictos en educación, empleo público y salud.
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Misiones: tres áreas en conflicto.
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Neuquén: tres focos de conflicto.
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Río Negro: seis sectores en conflicto.
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Salta: cuatro focos de conflicto.
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San Juan: cuatro áreas de conflicto.
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San Luis: conflictos en educación, empleo público, salud y judiciales.
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Santa Fe: cuatro áreas de conflicto.
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Santiago del Estero: dos puntos de conflicto principales.
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Santa Cruz: cinco focos de conflicto.
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Tierra del Fuego: cuatro sectores en conflicto.
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Tucumán: tres focos de conflicto.
Un escenario de tensión creciente
La reducción de las transferencias nacionales a las provincias y la caída de la coparticipación generaron un escenario de tensión creciente en todo el país. Los gobernadores, sin recursos propios suficientes, se ven obligados a ajustar los salarios de los trabajadores públicos, lo que derivó en conflictos gremiales en casi todas las provincias.
El anticipo financiero de $400.000 millones es un paliativo, pero no resuelve el problema de fondo: la reducción del federalismo fiscal y la concentración de recursos en manos del gobierno nacional.
