Policías denuncian que actuaron bajo amenazas de sumarios internos.
Los graves incidentes registrados este martes 14 de abril de 2026 en la Escuela N° 21 de Trelew han dejado al descubierto una alarmante trama de presión política sobre la fuerza policial. Si bien los enfrentamientos entre efectivos y familias —que reclamaban justicia por presuntos abusos a menores— terminaron con el uso de gas pimienta y heridos, fuentes cercanas al operativo confirmaron que la violencia fue el resultado directo de órdenes estrictas y coercitivas impartidas desde la cúpula del Ministerio de Seguridad.
Responsabilidad política: Las órdenes de Héctor Iturrioz
Según se pudo establecer, la responsabilidad material de la agresión a los manifestantes recae sobre el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz. De acuerdo con información recolectada, los empleados policiales inicialmente intentaron contener la situación sin recurrir al uso de la fuerza, priorizando el diálogo con los padres.
Sin embargo, ante la supuesta «inacción» inicial, el ministro Iturrioz habría impartido instrucciones directas de avanzar y dispersar la concentración. Los efectivos habrían intentado desobedecer estas órdenes en primera instancia.
Amenazas de sumarios para ejecutar la represión
Sin embargo, bajo amenazas directas de sumarios administrativos internos y sanciones disciplinarias, el personal policial se vio obligado a ejecutar las órdenes de represión. La cadena de mando dejó poco margen a los uniformados, quienes debieron utilizar gas pimienta y fuerza física para cumplir con el mandato ministerial.
Incidentes, gas pimienta y heridos
En medio del caos generado por el operativo de seguridad dispuesto por la cartera de Seguridad, se produjeron empujones y forcejeos que derivaron en el uso de sustancias químicas irritantes contra los padres. Como resultado de esta confrontación forzada, se confirmó que un agente policial resultó herido, sumándose a la lista de damnificados por un conflicto que pudo haberse resuelto mediante la mediación institucional en lugar de la vía represiva.
El trasfondo del reclamo y medidas oficiales
Mientras la violencia se apoderaba de la intersección de Colombia y Rivadavia, el foco principal sigue siendo el pedido de claridad sobre las denuncias de abusos dentro de la institución. Las familias exigen garantías de seguridad para los alumnos de 7 años, situación que ya forzó el desplazamiento del equipo directivo por parte del Ministerio de Educación. No obstante, la intervención de Seguridad ha desviado la atención hacia la violencia institucional, dejando a la comunidad educativa en un estado de vulnerabilidad absoluta.
