Lo que comenzó como una tendencia de redes sociales se ha convertido en un problema legal de gravedad para las familias de Puerto Madryn
Tras la reciente reforma del Código Penal, al menos cinco instituciones educativas de la ciudad han judicializado casos de amenazas de tiroteos, lo que ha llevado a que adolescentes de 14 años en adelante enfrenten procesos por el delito de intimidación pública.
De reto viral de TikTok a expediente judicial
La aparición de mensajes intimidatorios en los baños escolares, que anunciaban supuestos ataques armados, dejó de ser tratada como una falta de conducta interna. Según explicó la funcionaria fiscal Melina Leiva, la reforma implementada en septiembre cambió las reglas del juego: ahora los menores desde los 14 años tienen responsabilidad penal. Estos actos, inspirados en retos virales, movilizan recursos de seguridad innecesariamente y generan un profundo daño psicológico en la comunidad.
La Justicia ha sido tajante en sus reuniones con directivos y docentes: «Una broma no siempre es una broma». Al encuadrarse bajo figuras penales como la intimidación pública, estos hechos ya no se resuelven solo con un acta escolar, sino que derivan en intervenciones directas del Ministerio Público Fiscal. La tendencia se ha replicado con exactitud en ciudades como Trelew, Rawson y Esquel, encendiendo las alarmas en toda la provincia de Chubut.
El rol familiar y la prevención ante la nueva normativa
Un eje central de la problemática radica en la falta de supervisión sobre el contenido que los jóvenes consumen en dispositivos móviles. La Fiscalía advirtió que la «sensación de impunidad» que ofrece el anonimato digital o un escrito en un baño es falsa. El nuevo régimen de imputabilidad permite que el historial penal de un adolescente comience mucho antes de lo previsto por sus padres, lo que podría condicionar su futuro legal y social.
Las autoridades instan a las familias a dialogar con urgencia sobre las consecuencias reales de participar en estos fenómenos de internet. Mientras las escuelas aplican protocolos técnicos de denuncia inmediata, la Justicia busca desarticular estos retos antes de que las imputaciones a menores sigan creciendo. En el nuevo paradigma de Puerto Madryn, la travesía escolar y el Código Penal han cruzado una línea que ya no tiene retorno.
