Las determinaciones de los tribunales federales respecto a las condiciones de alojamiento de detenidos bajo regímenes especiales continúan reconfigurando el escenario político-judicial de la región.
La Justicia Federal autorizó el traslado del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala al establecimiento penitenciario de Esquel, donde permanecerá detenido bajo la figura de prisión preventiva, mientras es investigado por presunta asociación ilícita calificada. Estaba en huelga de hambre desde hace tres semanas para exigir su derivación.
Jones Huala está detenido desde junio de 2025 en la penitenciaría de Rawson, en Chubut, tras ser capturado en el marco de un controvertido operativo de la Policía Federal Argentina que se llevó a cabo sin una orden judicial vigente. Tres semanas atrás, el dirigente inició una huelga de hambre para exigir a la Justicia su traslado a la U14 de Esquel, con el argumento de poder permanecer cerca de su familia, que reside en Bariloche, a 250 kilómetros de distancia. Finalmente, el juez subrogante Ezequiel Andreani, en el marco de una audiencia celebrada este viernes, dispuso el traslado del mapuche a esa dependencia federal, donde continuará detenido bajo el mismo régimen de prisión preventiva.
Deterioro de salud y objeciones del Poder Ejecutivo
La huelga de hambre —la tercera desde que está detenido— forzó a la Justicia a autorizar dicha derivación. En las últimas horas, Jones Huala fue derivado a un centro médico de Rawson debido a las consecuencias físicas de la huelga, que en sus últimos días incluyó la interrupción de la ingesta de líquidos además de sólidos.
La resolución judicial debió sortear previas interferencias entre los distintos poderes del Estado:
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Estrategia de la defensa: La asistencia legal del activista, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y representada por Gustavo Franquet, solicitó en reiteradas ocasiones el traslado a la cárcel de Esquel.
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Bloqueo administrativo anterior: En un primer momento, el juez federal Gustavo Zapata había accedido al planteo y ordenado su traslado; sin embargo, por intromisión del Ejecutivo Nacional, la medida no se concretó: funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación desaconsejaron el traslado aduciendo razones de seguridad.
Plazos de ejecución y controversia por el perfil del interno
Más allá de la nueva disposición judicial, el Ministerio Público podría apelar la decisión, por lo que el traslado no se efectivizará hasta que quede firme, lo que podría ocurrir en el transcurso de la semana próxima. Una vez confirmada la disposición de Andreani, el Servicio Penitenciario Federal deberá otorgar un cupo para alojar a Jones Huala en la U14 de Esquel, trámite que también podría demorar la derivación.
Discrepancia de criterios: Cabe recordar que en octubre de 2025 la Dirección de Régimen Correccional del Ministerio de Seguridad de la Nación ya se había opuesto al traslado, en discrepancia con lo dispuesto por la Justicia. El argumento utilizado fue que la cárcel de Esquel carece de las medidas de seguridad necesarias para alojar al detenido, a quien consideran un “preso peligroso”. Sin embargo, con la nueva disposición judicial, el organismo deberá otorgar el espacio para alojarlo en esa dependencia del norte chubutense.
Esta caracterización oficial del Ejecutivo se contrapone con lo señalado por las autoridades de la U14, quienes destacaron la buena conducta que tuvo Jones Huala durante las distintas instancias en las que estuvo alojado allí, previas a los dos juicios de extradición a los que fue sometido antes de ser trasladado a Chile, donde fue juzgado y condenado.
Encuadre penal del Ministerio Público de la Nación
La detención de Jones Huala está relacionada con una investigación que encabeza el Ministerio Público Fiscal por supuesta asociación ilícita calificada, luego de que el dirigente instara a los pueblos originarios a combatir el régimen capitalista y confrontar —incluso a través de la violencia— a terratenientes.
La causa fue encuadrada como investigación compleja —una figura que habilita plazos procesales extendidos— a pedido de los fiscales, quienes atribuyen a la RAM distintos atentados y hechos vandálicos en al menos tres provincias patagónicas.