En territorio de Chubut hay 1.471 glaciares registrados y en toda la Patagonia más de 6.000. La reciente aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares es, según especialistas y organizaciones ambientales, un retroceso jurídico flagrante pergeñado por el Gobierno de Javier Milei y sus socios económicos y políticos.
La reforma habilita el avance extractivo, pone en riesgo el agua y revela complicidades políticas, incluso de algunos sectores de Chubut. «Las aguas bajan turbias», advierten.
Una reforma que debilita la protección de los glaciares
La reforma de la Ley de Glaciares expone una regresión alarmante. La nueva norma habilita actividades extractivas en zonas glaciares y periglaciares que venían siendo protegidas desde hace décadas. Dejar en manos de cada provincia la posibilidad de habilitar estas explotaciones implica, en los hechos, fragmentar la protección de un recurso estratégico y abrir la puerta a decisiones condicionadas por intereses de corto plazo.
Los votos chubutenses que hicieron posible la reforma
El voto a favor de los diputados libertarios César Treffinger y Maira Frías se descontaba, según el análisis. Pero el voto favorable que hizo ruido fue el de Jorge «Loma» Ávila, el dirigente de los petroleros que, denuncian, «una vez más borró con el codo lo que dice con su lengua». Ávila, que responde al gobernador Nacho Torres, votó a favor de poner en peligro los 1.471 glaciares de Chubut.
El amparo judicial desde La Pampa
La avanzada judicial impulsada desde La Pampa expone con claridad el trasfondo de la decisión política. La Pampa no tiene un solo glaciar, pero sus reservas de agua dependen de afluentes alimentados por glaciares ubicados en Mendoza. El amparo colectivo no es un gesto aislado: es la reacción lógica frente a una norma que introduce discrecionalidad donde antes había criterios uniformes y científicos.
Las advertencias de Agenda Patagonia
Una de las organizaciones que se expresó con firmeza antes de la aprobación fue Agenda Patagonia, que advirtió que la reforma constituye «una regresión ambiental con implicancias constitucionales», al debilitar el sistema de presupuestos mínimos establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional. El documento cuestionó la delegación de facultades a las provincias y advirtió sobre posibles conflictos interprovinciales.
La ambigua postura del gobernador Torres
El gobernador Ignacio Torres afirmó: «Esta ley no va a afectar bajo ningún punto de vista a la provincia. Chubut tiene autonomía sobre sus recursos naturales». Sin embargo, desde distintos sectores criticaron su postura. «Torres no parece estar diciendo todo lo que piensa y sabe. Juega a mostrarse distante de la Casa Rosada en lo discursivo y coquetear cada vez más cerca del corazón del poder libertario», advirtieron.
