El vacío legal en torno a las plataformas de transporte ha generado un fuerte debate en Chubut.
«El dilema de Uber en Madryn con conductores que piden una ley para «trabajar en paz»» ha llevado a un grupo de choferes a presentar un proyecto de modernización ante el Concejo Deliberante, argumentando que la normativa de multas actual quedó obsoleta y que la aplicación cubre demandas clave en la ciudad.
La necesidad económica es el principal motor de esta actividad. Pamela Páves, una de las impulsoras del reclamo, recordó que encendió la aplicación por primera vez en una tarde de desesperación financiera y logró recaudar 25 mil pesos en pocas horas: “Me volvió la dignidad al cuerpo y a partir de ese momento no me bajo”, confesó en diálogo con #LA17. Como ella, cientos de vecinos —incluyendo plomeros, gasistas y trabajadores de la pesca en época de veda— encuentran en Uber su principal sostén o un ingreso complementario.
Los argumentos centrales para la legalización
El conflicto radica en que el servicio está plenamente instalado en la cultura de consumo local, pese a una ordenanza de hace una década que lo prohíbe. Los conductores defienden la legalidad basándose en tres pilares:
Conectividad barrial: La aplicación llega a sectores periféricos donde el colectivo no ingresa y a calles que ni siquiera cuentan con nombre oficial, asistiendo a ciudadanos que por razones económicas no pueden acceder a otras opciones.
Turismo y eventos masivos: Los visitantes que llegan en cruceros o asisten a convenciones nacionales (como un reciente congreso de farmacéuticos que desbordó la capacidad de transporte) buscan usar la app de forma automática, exponiendo la contradicción legislativa local.
Seguridad y seguros: Frente a los mitos de desprotección, los choferes demostraron ante los concejales que la plataforma exige antecedentes penales, documentación al día y pólizas de seguro vigentes que cubren al pasajero desde que sube hasta que baja del auto, además de limitar el manejo a un máximo de 12 horas consecutivas para evitar la fatiga.
Compromisos fiscales y el espejo de otras ciudades
La propuesta presentada por los trabajadores no busca un beneficio gratuito. El proyecto contempla regulaciones estrictas para garantizar una convivencia justa con el transporte tradicional:
“Queremos despegar esta situación del tema de los taxistas”, aclaró Páves, enfatizando que defienden el derecho del usuario a elegir libremente cómo trasladarse sin que el chofer sufra el secuestro de su vehículo.
Para lograrlo, proponen el pago de un canon al municipio basado en los ingresos generados, la exigencia de carnet profesional y límites a la antigüedad de los autos.
Los impulsores de la medida toman como referencia los marcos legales implementados con éxito en ciudades como Bahía Blanca o la Ciudad de Buenos Aires. Los concejales de Puerto Madryn se mostraron receptivos a analizar estos antecedentes para redactar una ordenanza moderna, con el objetivo de salir de la ilegalidad y que el trabajo genuino esté protegido por el Estado para que no quede «vetusta» a los pocos meses de su implementación.