El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia penitenciaria federal por 24 meses ante la saturación de las cárceles del país.
Según la Resolución 439/2026, la medida responde a la superpoblación del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que actualmente alberga 12.248 internos, superando en un 6% la capacidad máxima de 10.932 plazas.
Superpoblación carcelaria y presión constante
Entre fines de 2023 y marzo de 2026 ingresaron más de 15.000 nuevos detenidos al SPF, lo que genera una presión constante sobre el sistema. Además, 5.073 personas permanecen bajo arresto a la espera de vacantes en unidades federales, evidenciando un déficit estructural crítico.
Actualmente, el 61,83% de la población carcelaria tiene condena firme, mientras que un 38,17% sigue en proceso judicial sin sentencia definitiva. Estos números reflejan la complejidad de gestionar un sistema con infraestructura limitada frente a una demanda creciente.
Traspaso judicial y causas ordinarias en CABA
Uno de los factores que más agravan la crisis es el retraso en el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El SPF debe custodiar a 5.983 detenidos vinculados a causas ordinarias porteñas, casi la mitad del total de la población federal, lo que tensiona aún más los recursos disponibles.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, subrayó que esta situación requiere medidas excepcionales, y la prórroga de la emergencia permitirá continuar con la gestión de vacantes y la seguridad dentro del sistema penitenciario federal.
Impacto y proyección de la medida
La extensión de la emergencia penitenciaria federal garantiza que el SPF pueda mantener operativa la custodia y administración de internos, así como planificar traslados futuros. Sin esta prórroga, el sistema correría riesgo de colapso, con consecuencias directas sobre la seguridad y el funcionamiento de las cárceles del país.
“La medida refleja la crítica situación de saturación en las cárceles y la necesidad de un control centralizado mientras se resuelven las demoras judiciales y la infraestructura se adapta a la demanda”, afirmaron fuentes oficiales.