El escenario político argentino sumó un nuevo foco de tensión tras la imputación de Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La investigación, impulsada por una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, ya comenzó a desplegar una batería de medidas judiciales.
El caso generó fuerte repercusión debido al perfil del implicado, su crecimiento patrimonial y su cercanía con uno de los funcionarios más influyentes del Gobierno nacional.
La denuncia que desató la investigación
La causa se originó a partir de una presentación realizada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Francisco Adorni.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en el fiscal Guillermo Marijuán. Fue este último quien resolvió imputar formalmente al legislador provincial y avanzar con las primeras medidas de prueba.
Según información publicada por <a href=»https://www.infobae.com»>Infobae</a>, el fiscal dejó en claro que la investigación se centrará exclusivamente en Francisco Adorni, dejando al margen las menciones sobre su hermano.
El crecimiento patrimonial bajo la lupa
Uno de los ejes principales del expediente es la evolución del patrimonio del funcionario. En su declaración jurada de 2024, Adorni informó bienes por $43.790.000, incluyendo:
- El 50% de una vivienda en City Bell, valuada en $38.790.000
- El 50% de un automóvil Chery Tiggo 2017
- Dinero en efectivo y depósitos, sin deudas declaradas
Sin embargo, en 2025 su patrimonio ascendió a $80.500.000, lo que encendió las alarmas.
Este incremento estaría vinculado a la compra de una camioneta Jeep Renegade y, especialmente, a la cancelación en solo un año de un crédito hipotecario cercano a los $60.000.000 otorgado por el Banco Provincia.
Para la denunciante, los ingresos del funcionario no alcanzarían para justificar semejante capacidad de pago en tan corto plazo.
Un entramado de cargos y vínculos políticos
Francisco Adorni llegó a la función pública de la mano de su hermano, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa.
Posteriormente, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares (IAF), y más tarde accedió a una banca en la Cámara de Diputados bonaerense dentro del espacio La Libertad Avanza.
Este recorrido político también forma parte del contexto que analizan los investigadores.
Las medidas del fiscal Marijuán
Para avanzar en la causa, el fiscal dispuso una serie de requerimientos a más de 30 organismos públicos y privados.
Entre las principales medidas se destacan:
- Pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario
- Informes a ARCA sobre declaraciones juradas, bienes y movimientos desde 2020
- Requerimientos a AGIP y ARBA sobre impuestos, bienes y operaciones
- Solicitud al Banco Central sobre movimientos financieros, cuentas y activos
- Informe al Banco Provincia sobre el crédito hipotecario y su cancelación
- Consulta a Migraciones sobre viajes al exterior y acompañantes
- Pedido a la IGJ para verificar participación en sociedades
- Intervención de la UIF para elaborar un perfil financiero integral
Además, se solicitó información a registros de propiedad para determinar bienes inmuebles y su evolución en los últimos años.
La imputación de Francisco Adorni abre un nuevo capítulo judicial con implicancias políticas que podrían escalar en los próximos meses. Mientras la Justicia avanza con medidas clave para esclarecer el origen de su patrimonio, el caso ya genera impacto en el escenario nacional y suma presión sobre el oficialismo.