Docentes y estudiantes realizan clases públicas frente a Tribunales exigiendo que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La Corte Suprema debe definir el caso.
El conflicto institucional entre el sistema de educación superior y el Poder Ejecutivo Nacional sumó un nuevo capítulo de alta exposición pública en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Docentes, agrupaciones estudiantiles, científicos y autoridades de las universidades nacionales concentran sus actividades académicas frente al Palacio de Tribunales mediante una extensa jornada de clases públicas. La medida de fuerza busca forzar la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y denunciar el impacto de la contracción presupuestaria sobre la estructura pedagógica este martes 26 de mayo de 2026.
La grilla de actividades se programó para desarrollarse de forma continuada entre las 11:00 y las 17:00 horas bajo la consigna central “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”. El despliegue de pizarrones y cátedras en el espacio público opera como la continuidad del plan de lucha iniciado tras las multitudinarias marchas federales universitarias de las semanas previas, manteniendo el foco de la demanda en el plano civil y judicial.
El temario del reclamo y los expositores en Plaza Lavalle
Durante las exposiciones abiertas, el cuerpo de profesores detalla las variables operativas que, según describen los informes técnicos del sector, ponen en riesgo la sustentabilidad de las casas de estudios en el corto plazo. El pliego de reivindicaciones institucionales puntualiza el deterioro del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, el congelamiento de los montos asignados a las becas de ayuda estudiantil, el desfinanciamiento de las líneas de investigación científica en los laboratorios y los impedimentos generales para hacer frente a los costos corrientes de luz, gas, insumos y mantenimiento edilicio básico.
A partir de las 15:00 horas, el cronograma de la jornada prevé un bloque de debate político e institucional que contará con la participación de referentes del ámbito académico, gremial y parlamentario. Entre los oradores comprometidos para tomar la palabra se destacan la abogada laboralista y docente Natalia Salvo, los diputados nacionales de la oposición Lucía Cámpora e Itaí Hagman, y el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUBA), Pablo Perazzi.
Judicialización y el argumento de la sustentabilidad fiscal del Gobierno
La disputa por las partidas presupuestarias universitarias constituye uno de los frentes de mayor tensión política para la administración del presidente Javier Milei. Desde la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Capital Humano ratificaron la decisión de frenar la aplicación de la ley argumentando que la normativa vulnera de forma directa el principio innegociable de equilibrio fiscal y déficit cero que rige el programa económico general. Los funcionarios de la secretaría del área remarcan que la ley sancionada por el Poder Legislativo carece de rigurosidad presupuestaria al omitir la asignación o especificación de la fuente de financiamiento genuino necesaria para costear la readecuación de las partidas salariales y operativas.
Frente a la parálisis administrativa dispuesta por la Casa Rosada, el Gobierno nacional avanzó con una estrategia de apelación sistemática sobre los fallos de primera instancia que resultaron adversos a sus intereses de control del gasto público. En la vereda opuesta, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entidad que nuclea a los rectores de todo el país, elevó el diferendo al máximo escalón institucional mediante la interposición de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que tendrá a su cargo la resolución definitiva sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la norma de financiamiento.