Los tribunales federales de Comodoro Py avanzan en la recolección de pruebas clave respecto a las finanzas e ingresos de la cúpula del Ejecutivo nacional.
También solicitó datos sobre el historial laboral del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Busca profundizar la investigación sobre la evolución patrimonial del funcionario.
La fiscalía especializada a cargo del expediente firmó una serie de requerimientos periciales destinados a entrecruzar los ingresos declarados con las transacciones comerciales detectadas. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga el presunto crecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
El rastreo abarca tanto las relaciones de dependencia institucionales previas a la función pública como los desembolsos de dinero en el sector suntuario y de bienes raíces:
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Eje laboral y financiero: Entre los requerimientos, el fiscal solicitó información sobre vínculos laborales de ambos con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, pidió documentación sobre obras y movimientos vinculados a una propiedad ubicada en el barrio privado Indio Cuá Golf Club y requirió datos sobre una compra de más de $8 millones realizada en un local de muebles y colchones.
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Los oficios dictados: La decisión quedó plasmada en una resolución de cinco páginas en la que Pollicita dispuso una serie de oficios dirigidos a organismos públicos, administraciones de barrios privados y empresas privadas para profundizar distintas líneas de investigación.
Peritajes sobre la Fundación Iberoamericana
La instrucción busca determinar la veracidad y los montos de los honorarios percibidos por el actual jefe de ministros durante el periodo previo a su llegada a la Casa Rosada. Uno de los pedidos más relevantes apunta a determinar si Adorni tuvo algún tipo de contratación, designación, asesoría o actividad remunerada en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023. En caso de que existiera ese vínculo, el fiscal requirió toda la documentación relacionada con su designación, funciones, remuneraciones y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.
Las respuestas de los organismos reguladores e impositivos definirán los próximos pasos procesales en el fuero penal ordinario.
Noticia que está siendo actualizada.-
