El arbitraje electoral del país andino fijó una postura institucional tajante frente al agravamiento del escenario de conflictividad civil que debilita la gobernabilidad.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia defendió hoy la legitimidad de las autoridades elegidas por voto popular y calificó de “totalmente antidemocráticos” los pedidos de renuncia del presidente, Rodrigo Paz Pereira, y de otros cargos electos, formulados por sectores movilizados que mantienen protestas y bloqueos en distintas regiones del país.
La declaración de la máxima autoridad del órgano electoral busca poner un freno institucional a las exigencias maximalistas surgidas al calor de las manifestaciones callejeras. El pronunciamiento del presidente del TSE, Gustavo Ávila, se produjo en medio de una crisis política y social que se extiende por casi siete semanas y que ha estado marcada por conflictos sociales, interrupciones en carreteras estratégicas y una escalada de demandas que evolucionaron desde reclamos sectoriales hacia exigencias de carácter político, incluida la salida anticipada del mandatario.
Ante los medios de comunicación, la conducción del tribunal advirtió sobre el peligro que representan estos emplazamientos para la vigencia del orden constitucional:
«Es totalmente antidemocrático (…) Totalmente antidemocrático pedir renuncias de autoridades electas que tienen un mandato y que han sido elegidas por el pueblo boliviano», declaró Ávila ante periodistas al referirse a las consignas promovidas por algunos sectores movilizados.
Desde la perspectiva del TSE, las autoridades elegidas en las urnas cuentan con un mandato establecido por la Constitución Política del Estado y cualquier intento de forzar su salida al margen de los mecanismos legales supone una vulneración de la voluntad popular expresada en las elecciones.
La vía legal del revocatorio
Frente al descontento social, el tribunal recordó que existen canales legales y previstos en el andamiaje jurídico para canalizar el descontento ciudadano sin quebrar las reglas del juego democrático. No obstante, Ávila recordó que la legislación boliviana contempla mecanismos democráticos para la eventual destitución de autoridades electas, según informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.
En ese sentido, señaló que el referendo revocatorio constituye la vía institucional prevista para ese fin y puede activarse a mitad de la gestión de las autoridades como vía del voto popular.
Pliego de demandas y diálogo trabado
La paralización de las principales arterias de comunicación terrestre y los paros generales continúan presionando la estructura económica del país. La crisis ha adquirido alcance nacional. En los últimos días, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas presentaron al Gobierno una serie de demandas como condición para instalar un proceso de diálogo convocado para las próximas horas.
La mutación de las consignas iniciales hacia la exigencia de un recambio en el Palacio Quemado trabó las posibilidades de un acercamiento inmediato entre las partes. Aunque inicialmente los reclamos se centraron en demandas económicas y sociales, algunos sectores incorporaron posteriormente la exigencia de renuncia del presidente Paz Pereira como requisito para avanzar hacia una solución política.
Frente a este escenario, Ávila insistió en que la salida a la crisis debe construirse mediante mecanismos de concertación y no a través de presiones orientadas a interrumpir mandatos constitucionales.