Una alarmante crisis logística y laboral amenaza con paralizar la actividad económica más pujante del litoral patagónico.
Tras la firma de un polémico acuerdo salarial homologado por el Ejecutivo provincial, el sector empresarial rompió el silencio y lanzó una dura advertencia que encendió las alarmas en el Gobierno. La imposición de tarifas desproporcionadas en los servicios portuarios locales quebró la competitividad de las plantas procesadoras, desatando una inminente diáspora de buques hacia terminales vecinas que ya ofrecen costos notablemente más bajos.
La fractura del consenso sectorial expone un escenario de extrema incertidumbre para las inversiones locales. En este contexto de asfixia impositiva, la cámara empresarial CAPIP cuestionó el acuerdo con la estiba y advirtió por posibles desvíos de descargas fuera de Chubut en el corto plazo. La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) sentenció que el reciente aumento del 26,59% fijado para el langostino fresco capturado en aguas nacionales atenta directamente contra la sustentabilidad de la cadena productiva y provocará un vaciamiento operativo en Puerto Madryn.
El costo de la «paz social»: un esquema distorsivo que destruye el empleo
El presidente de la entidad empresaria, Agustín de la Fuente, apuntó con dureza contra las negociaciones bilaterales que mantuvieron las empresas de estiba y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) bajo la mediación estatal. En declaraciones radiales reproducidas por FM Del Viento, el directivo advirtió que la industria pesquera es una gran consumidora del servicio y no tiene la capacidad financiera para absorber semejante incremento. «No coincidimos con estos valores porque nos dejan totalmente fuera de la foto de costos y nos llevan a un camino muy preocupante», afirmó.
La cúpula empresaria aclaró que la queja no responde a las actualizaciones habituales ligadas al proceso inflacionario del país, sino a imposiciones que exceden cualquier parámetro de racionalidad económica. De la Fuente subrayó que el sector no tiene la facultad de fijar precios de góndola, ya que los valores están rígidamente estipulados por el mercado internacional. Al no poder trasladar la suba de la estiba al precio final de exportación, el costo impacta directo sobre las ganancias y arriesga miles de puestos en las plantas de procesamiento: «Es muy difícil hablar de paz social cuando la cuenta la terminan pagando las empresas», fustigó.
Bahía Blanca, Caleta Olivia y Mar del Plata salen a cazar los barcos de Chubut
La pérdida de competitividad de las terminales de Chubut desató una feroz e inmediata cacería comercial por parte de provincias competidoras. El titular de la entidad reveló que los puertos de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) y Caleta Olivia (Santa Cruz) ya se encuentran desplegando agresivas ofertas logísticas y arancelarias para captar las descargas que históricamente se consolidaban en Chubut. Asimismo, se confirmó que varias embarcaciones fresqueras de altura ya decidieron mudar sus operaciones directamente hacia Mar del Plata, prefiriendo afrontar el costo adicional de navegación y la mayor distancia geográfica a cambio de tarifas de estiba más razonables.
Esta reconfiguración geográfica se ve fuertemente potenciada por una reciente medida del Consejo Federal Pesquero, organismo que resolvió liberar por completo el límite de 72 horas de pesca efectiva que regía sobre las flotas. Esta flexibilización biológica otorga total libertad a los capitanes para navegar mayores distancias y seleccionar la terminal portuaria que mejor se adapte a sus presupuestos, agudizando la competencia entre provincias. Mientras más de 113 buques congeladores operan actualmente en la pesquería del marisco sin inconvenientes, el sector fresquero acelera sus planes de contingencia para eludir el territorio chubutense, sembrando un alarmante interrogante sobre la estabilidad de los trabajadores de tierra si la cadena de valor continúa destruyéndose.