En una resolución que promete desatar una feroz polémica en el entramado fabril argentino, el Poder Ejecutivo sacudió las estructuras comerciales con un cambio radical en las reglas de juego.
La nueva medida desmantela los antiguos cerrojos aduaneros, permitiendo el ingreso masivo y ultra facilitado de maquinarias obsoletas, almacenes tecnológicos y líneas productivas de descarte internacional. Mientras la administración celebra una supuesta modernización del aparato industrial, los sectores locales encienden las alarmas ante una inminente invasión que podría fulminar la producción local.
Este sacudón legal redefine por completo las condiciones impositivas del país. El Gobierno modificó el régimen de importación de bienes usados con más facilidades y beneficios a través del Decreto 483/2026, publicado a primera hora de este martes en el Boletín Oficial, barriendo de esta manera con el esquema de protección que regía desde el año 2016.
Rebaja colosal de aranceles y vía libre automática por «silencio»
La reforma oficializada establece un combo de beneficios fiscales sin precedentes: a partir de ahora, todos los bienes usados amparados bajo este sistema abonarán únicamente un irrisorio 25% del arancel de importación. Sumado a este desplome impositivo, las empresas importadoras quedarán totalmente exentas de pagar la tasa de estadística (2%) y la tasa de comprobación de destino (3%). Para dinamizar el proceso, el Gobierno eliminó la vieja exigencia de que el componente principal de la línea sea usado e incorporó al beneficio a las plantas de generación de energía eléctrica y almacenes inteligentes, extendiendo de forma insólita hasta los 30 años la antigüedad máxima admitida para maquinarias reconstruidas.
Asimismo, la gestión de Javier Milei ejecutó un golpe demoledor al compre nacional, reduciendo de manera drástica el requisito obligatorio de adquirir insumos locales del 30% al humilde 10%, otorgando además un año de gracia para concretarlo. En un claro guiño de desregulación, la normativa implementa un polémico sistema de aprobación automática por silencio de la autoridad: si el Estado no se pronuncia seis meses después de vencida la rendición de cuentas, el trámite se dará por concluido y se liberarán de forma inmediata las garantías financieras aduaneras.
Controles exprés y feroces multas para quienes rompan las reglas
Con el objetivo de acelerar el flujo en la aduana sin esperar las demoras burocráticas del Estado, las empresas podrán solicitar una Constancia de Expediente en Trámite (CET). Este documento clave funcionará como un pasaporte de emergencia que les permitirá retirar e ingresar las maquinarias al país antes de que la resolución definitiva sea firmada, con la sola condición de constituir avales aduaneros previos. Las tradicionales y pesadas auditorías estatales quedan extintas, siendo reemplazadas por un sistema exprés de rendición de cuentas avalado por firmas de profesionales certificados de forma externa.
Sin embargo, para aquellas firmas que intenten burlar el sistema o hagan un uso indebido de la CET, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa aplicará multas millonarias. El decreto faculta a la autoridad a ejecutar el 100% de las garantías financieras en caso de que el peticionante guarde silencio ante un requerimiento. El régimen endurece las penas pecuniarias con un castigo equivalente al 20% de todos los tributos no ingresados, sumando los intereses correspondientes y un duro recargo punitorio del 2% mensual. Esta agresiva reconfiguración aduanera entrará en vigencia formal desde este miércoles 24 de junio de 2026.