La administración provincial ratificó una sanción expulsiva contra un agente estatal tras desestimar sus reclamos de reincorporación.
«El Ejecutivo rechazó el planteo de un oficial administrativo del Ministerio de Hidrocarburos que buscaba anular su cesantía para recuperar el puesto. Un sumario interno demostró que el agente cometió infracciones severas a la ley de empleo público y ahora su única salida será recurrir a la Justicia ordinaria».
La resolución definitiva quedó asentada en los registros oficiales, validando la desvinculación definitiva del ex trabajador. «El Gobierno provincial puso punto final al proceso disciplinario contra un trabajador del Ministerio de Hidrocarburos. A través de la publicación del Decreto 730 en el Boletín Oficial, el Ejecutivo rechazó el recurso de reconsideración presentado por el agente y dejó firme su expulsión de la administración pública».
El caso se arrastraba desde semanas atrás, cuando las autoridades provinciales emitieron la primera orden de separación del cargo. «El conflicto burocrático había salido a la luz a mediados de mayo con la oficialización del Decreto 559. En aquel documento gubernamental se dispuso la cesantía inmediata del empleado, quien se desempeñaba como Oficial Superior Administrativo dentro de la cartera energética provincial. Frente a esa primera sanción, el exempleado intentó revertir la medida mediante una apelación formal que ahora fue desestimada por completo».
El peso de las infracciones y el marco legal
La expulsión del empleado fue el resultado de una investigación administrativa previa que detectó anomalías severas en el cumplimiento de sus funciones. «La desvinculación llegó como corolario de un extenso sumario interno ordenado a principios de 2025 mediante la resolución XX N° 7. Aunque los textos oficiales resguardan la descripción exacta de los hechos investigados, el encuadre legal utilizado para justificar el despido evidencia la gravedad de las acciones cometidas durante su horario laboral».
Los asesores legales del Estado fundamentaron la sanción en las normativas vigentes que rigen el comportamiento de los trabajadores públicos. «Para aplicar la sanción, las autoridades se apoyaron de manera estricta en el régimen disciplinario que establece la Ley I N° 74. La normativa original fundamenta la expulsión en la violación de cuatro incisos del artículo 49, un combo de infracciones que obligó a los funcionarios a tomar la decisión más extrema y apartarlo de su cargo».
Sin margen de maniobra en Fontana 50
Con esta última disposición, las máximas autoridades ministeriales y del Ejecutivo cerraron de manera definitiva el debate en el entorno estatal. «Con la firma de este último decreto, la cúpula del Ejecutivo avaló lo actuado previamente y clausuró cualquier posibilidad de debate en los pasillos gubernamentales. El instrumento legal dictamina dar por agotada la vía administrativa, una fórmula técnica que le impide al trabajador sancionado seguir presentando quejas o pedidos de revisión en las dependencias del Estado».
Ante este escenario, el exempleado de la cartera energética se verá forzado a trasladar sus reclamos al ámbito judicial externo si desea revertir la medida. «A partir de esta ratificación oficial, el expediente abandona definitivamente la órbita de la provincia. Si el agente cesanteado pretende recuperar su puesto, limpiar su legajo o exigir algún tipo de resarcimiento, deberá iniciar una demanda formal en los tribunales ordinarios».