La sustentabilidad financiera de las organizaciones civiles encargadas de la protección ciudadana se ha convertido en el eje de las discusiones entre las órbitas legislativas provinciales y el Congreso de la Nación.
La Legislatura del Chubut aprobó el proyecto de resolución N° 94/26, presentado sobre tablas por la diputada María Andrea Aguilera (Despierta Chubut) -y acompañado con la firma de todos los integrantes de la bancada-, que manifiesta la profunda preocupación ante una iniciativa en tratamiento en el Senado de la Nación que propone modificar el régimen de financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
La diputada Aguilera, en el marco de la fundamentación del proyecto, explicó que la iniciativa nacional plantea la creación de un régimen de protección integral para los bomberos voluntarios y la derogación de la normativa vigente. Sin embargo, advirtió que la propuesta contiene cambios sustanciales en la distribución de los recursos destinados al sistema bomberil, lo que podría impactar de manera directa en el funcionamiento cotidiano de las asociaciones.
El riesgo en el redireccionamiento de los fondos operativos
El debate de la reforma previsional y asistencial para el sector expone una encrucijada presupuestaria respecto al destino de las partidas corrientes:
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Esquema de distribución actual: Una parte relevante de los fondos se destina al sostenimiento operativo de los cuarteles, incluyendo gastos de mantenimiento, equipamiento y capacitación.
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Modificación proyectada: El nuevo esquema propuesto prevé redireccionar recursos hacia el financiamiento del régimen de protección integral, lo cual implicaría reducir los montos disponibles para las actividades operativas y de emergencia del día a día.
“Este reacomodamiento podría afectar la adquisición y conservación de equipamiento, la operatividad de las autobombas, la capacitación del personal y la capacidad de respuesta ante incendios, accidentes o catástrofes naturales”, subrayó la diputada.
Respaldo de la Cámara al reclamo del sistema bomberil
La resolución aprobada por la Cámara acompaña el reclamo del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y de sus entidades representativas en defensa de la previsibilidad y suficiencia de los recursos destinados al sostenimiento de los cuarteles. Asimismo, expresa su rechazo a cualquier iniciativa legislativa, administrativa o presupuestaria que implique reducir, redireccionar o afectar los fondos que actualmente perciben las asociaciones de bomberos voluntarios para la prestación de un servicio considerado esencial para la comunidad.
Exigencia de partidas adicionales y participación institucional
Frente a la vulnerabilidad en las capacidades de socorro que podría acarrear la sanción de la ley, el documento parlamentario fijó dos condiciones regulatorias de estricto cumplimiento:
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Financiamiento genuino: El documento establece que cualquier régimen de protección, beneficio o reconocimiento destinado a bomberos y bomberas voluntarias debe financiarse con recursos nuevos, específicos y adicionales, sin comprometer los fondos destinados al funcionamiento operativo de los cuarteles.
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Convocatoria a mesas técnicas: Por último, se solicitó al Senado de la Nación garantizar la participación efectiva de las entidades representativas del sistema bomberil en el tratamiento del proyecto, con el objetivo de resguardar la organización, autonomía, financiamiento y capacidad de respuesta de los cuerpos de bomberos voluntarios de todo el país.