En un movimiento estratégico que busca modernizar el sistema financiero local, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispusieron equiparar el tratamiento tributario de las empresas vinculadas a los criptoactivos con el de las entidades financieras tradicionales
La medida se formalizó mediante el Decreto 475/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, e incluye un fuerte beneficio para aquellas plataformas que operan de manera regulada bajo la órbita estatal.
La normativa, que también lleva la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amplía de manera significativa las exenciones para el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios. La iniciativa no solo impacta de lleno en el ecosistema cripto, sino que además extiende sus alcances hacia otras ramas clave de la economía digital y la logística, tales como las empresas de cobranza extrabancaria, las administradoras de tarjetas de crédito y las firmas transportadoras de caudales.
Fin a las restricciones de 2021 y validación de la CNV
El núcleo de la reforma deroga una reglamentación implementada en el año 2021. Dicha norma excluía explícitamente a los movimientos con criptomonedas de los beneficios impositivos generales, obligando a los usuarios a abonar el gravamen al momento de adquirir activos digitales, sin importar que estuvieran exentos en otras operaciones de transferencia de dinero. Con esta modificación, el impedimento queda sin efecto, eliminando la carga tributaria adicional en la compraventa de divisas virtuales.
Un punto crucial del decreto es que el beneficio se aplicará de forma exclusiva a las cuentas bancarias utilizadas por operadores debidamente inscritos en el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esto otorga un marco de validación institucional y legal, generando un incentivo directo para la formalización del sector y diferenciando claramente a las plataformas registradas de aquellas que operan por fuera del radar regulatorio.
Respaldo del sector fintech y modernización de la normativa
La decisión del Poder Ejecutivo responde a un reclamo histórico que la Cámara Argentina Fintech venía impulsando ante los diferentes organismos de control. El objetivo principal de los cambios es adecuar los marcos impositivos locales al ritmo de los constantes adelantos tecnológicos, unificando criterios para actores que realizan actividades de similares características pero que, hasta hoy, debían afrontar asimetrías fiscales perjudiciales.
A partir de la entrada en vigencia de esta medida, los servicios de pagos, las redes de cobranza electrónica y los administradores de tarjetas contarán con las mismas condiciones competitivas que la banca tradicional. El Gobierno apuesta a que esta quita de trabas impositivas impulse la digitalización de la economía, incremente el volumen de transacciones en plataformas formales y consolide a la Argentina como uno de los polos de innovación financiera más dinámicos de la región.