Una batalla colosal por el control del negocio más estratégico e hipermillonario de la logística argentina ha estallado de forma violenta en los escritorios del poder.
La multimillonaria concesión de la Vía Navegable Troncal se transformó en un escenario de acusaciones cruzadas, sospechas de evasión impositiva y denuncias de ofertas fraudulentas que amenazan con desatar un escándalo internacional.
En las últimas horas, la UTE preadjudicada rompió el silencio con un documento lapidario que dinamita la propuesta de su principal competidora extranjera, acusándola de dibujar números inexistentes y planificar una desinversión catastrófica que podría hacer colapsar el comercio exterior argentino.
La feroz interna corporativa que sacude los cimientos del sector portuario nacional quedó expuesta tras una impugnación formalizada ante los máximos actores agroindustriales del país. La asociación Jan de Nul y Servimagnus, oferente preadjudicada en la Licitación Nacional e Internacional N° 1/2025 para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), envió una nota a distintas entidades vinculadas con el proceso para refutar los planteos realizados por la empresa DEME sobre una posible reducción tarifaria.
El escrito fue remitido directamente a la influyente Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), y distribuido de forma urgente a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.
Maniobra fiscal y desinversión: El truco para simular un descuento irreal
Según la durísima presentación corporativa, la pomposa oferta de descuento del 17% exhibida por la firma de origen belga DEME se sostiene sobre premisas financieras completamente falsas y de imposible cumplimiento legal.
Jan De Nul y la firma local Servimagnus denunciaron de manera taxativa que el supuesto beneficio económico presentado por su rival surge de la omisión lisa y llana del pago de tributos obligatorios, un nivel de inversiones en infraestructura que consideran dramáticamente insuficiente para el calado del Paraná y severos errores en las proyecciones técnicas de recaudación por peajes aduaneros.
El punto más escandaloso del informe técnico expone que el plan económico-financiero de DEME contempla una liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que viola de forma abierta la normativa fiscal vigente en la Argentina, lo que habría inflado de manera artificial la rentabilidad de su propuesta para seducir a las autoridades.
A esto se le suma una alarmante proyección de obras: la empresa acusada planea invertir apenas 280 millones de dólares durante los primeros cinco años de concesión y dejar los desembolsos en un absoluto cero durante las dos décadas siguientes. Este congelamiento técnico choca de frente con los manuales de referencia de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y con la propia oferta de Jan De Nul, que contemplan montos superiores a los 850 millones de dólares para garantizar la navegabilidad.
Un dibujo de 370 millones de dólares que pone en jaque al pliego
Las firmas preadjudicadas no ahorraron calificativos al momento de desnudar las inconsistencias de su competidora, señalando que DEME jamás cuestionó oportunamente el esquema tarifario previsto en las bases de la licitación y que, de hecho, había manifestado previamente y por escrito su total conformidad con las reglas del juego.
La presentación detalla que la firma competidora sobreestimó sus ingresos futuros de manera grosera, proyectando tarifas de peaje posteriores a las tareas de profundización que se ubican muy por encima de los límites máximos permitidos por el pliego licitatorio, lo que generó una burbuja contable calculada en unos 370 millones de dólares de diferencia.
La asociación concluyó de forma tajante que la propuesta de DEME no responde a una mayor eficiencia operativa o competitividad empresarial, sino a una estructura ficticia basada en supuestos comerciales insostenibles que terminarían provocando la quiebra del servicio o el abandono de la ruta fluvial.
Por estas razones, calificaron de «irreal» la rentabilidad utilizada para justificar la baja de tarifas y exigieron a las entidades del sector sostener las condiciones del pliego para evitar un perjuicio multimillonario en el principal corredor de exportación de la economía nacional.