El diputado nacional Juan Pablo Luque respaldó el acuerdo internacional de la FAO contra la pesca ilegal, pero exigió incorporar este delito al Código Penal.
El escenario legislativo nacional unificó posiciones en torno a la protección marítima, pero persisten reclamos estructurales para endurecer las sanciones vigentes. El diputado nacional por Chubut, Juan Pablo Luque (Unión por la Patria), respaldó en la Cámara de Diputados la adhesión de la Argentina al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto —impulsado por la FAO—, el cual fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, advirtió que los tratados internacionales son insuficientes si no se reforma el marco penal interno para frenar la depredación de los recursos pesqueros.
El reclamo en Diputados: de las multas a la prisión
Durante su intervención en el recinto, el legislador chubutense enfatizó que la custodia del litoral marítimo excede el debate estrictamente ecológico o financiero. La iniciativa internacional aprobada busca endurecer los controles y restringir el acceso a los puertos de aquellos buques vinculados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
No obstante, Luque insistió en la necesidad de avanzar con un proyecto de ley propio, desarrollado en coautoría con el diputado Guillermo Michel, que propone incorporar el delito de pesca ilegal directamente al Código Penal Argentino. La reforma apunta a sancionar penalmente no solo a las tripulaciones que ejecutan las capturas clandestinas, sino a toda la cadena económica y logística que se beneficia de este entramado comercial.
“Hoy depredar el Mar Argentino no tiene consecuencias penales. Las multas se pagan y al día siguiente se sigue operando. Tenemos que lograr que depredar nuestros recursos deje de ser un negocio rentable”, sentenció el legislador.
Impacto económico y defensa del empleo en Chubut
El diputado vinculó de manera directa la desprotección del caladero nacional con la vulnerabilidad social de las provincias del sur del país. En un contexto económico complejo para la Patagonia, la actividad pesquera se consolida como uno de los principales motores de empleo privado y generación de divisas genuinas para las comunidades costeras.
Para Luque, la lucha contra las flotas extranjeras que operan sin autorización en la milla 201 o que vulneran la Zona Económica Exclusiva (ZEE) es una obligación soberana del Estado. Defender cada puesto de trabajo en las plantas de procesamiento y en la flota fresquera local es una prioridad absoluta para evitar el desangre de inversiones y sostener el arraigo en la región.