Una alarmante ola de maniobras fiscales en la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional amenaza con desatar un escándalo de proporciones bíblicas.
Mientras el grueso de la sociedad argentina afronta una presión impositiva asfixiante, los hombres más poderosos de la Casa Rosada y sus principales espadas legislativas corrieron en las últimas horas a refugiarse en un blindaje tributario de excepción.
La desesperada maniobra de la mesa chica libertaria ocurre en el momento de mayor vulnerabilidad institucional para el Gobierno, encendiendo las alarmas de la justicia federal por el posible ocultamiento sistemático de patrimonios multimillonarios.
Esta masiva triangulación burocrática para eludir controles exhaustivos ya se encuentra bajo la lupa pública. Se destapó de forma escandalosa quiénes son los integrantes del gobierno que se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias.
La desesperada jugada colectiva, encabezada por el propio jefe de Gabinete en medio de una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito, arrastró a ministros, secretarios de Estado, directores clave de la Presidencia e incluso a las máximas autoridades recaudadoras del país.
El búnker fiscal de Adorni, Sturzenegger y los cerebros de Milei
El cuestionado ministro coordinador, Manuel Adorni, se encuentra en el ojo de la tormenta judicial siendo formalmente investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Justo antes de tener que entregar su declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025, el funcionario solicitó formalmente su incorporación al esquema simplificado que coordina la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, la investigación periodística confirmó que no fue el único del Ejecutivo: cuatro altísimos funcionarios copiaron la maniobra.
En fila, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Justicia, Santiago Viola; el propio director audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría; y de manera insólita, el titular de la mismísima ARCA, Andrés Vázquez, se unieron al sistema de protección impositiva.
En la vereda de enfrente, los registros informáticos no muestran adhesiones por parte del presidente Javier Milei ni de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, figura inscripta en el Monotributo bajo la categoría G, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hace lo propio en la categoría A.
No obstante, la lista de la impunidad fiscal se extiende a dirigentes y familiares del entorno íntimo: el diputado José Luis Espert, el embajador ante la Unión Europea, Fernando Iglesias, el exjefe del organismo recaudador Juan Pazos, y hasta la propia esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, tramitaron su ingreso. De acuerdo a la web del fisco, Sturzenegger inició el trámite el 7 de mayo, Espert lo hizo el 9 de junio, y el matrimonio Adorni-Angeletti ingresó con posterioridad.
El código «639»: La polémica trampa legal para evadir el escrutinio técnico
La desesperada maniobra ejecutada en bloque por los funcionarios libertarios persigue un fin que despierta profundas sospechas en los tribunales federales. Entrar a este sistema provisto por la ARCA tiene formalmente el objetivo de simplificar la determinación y presentación del Impuesto a las Ganancias para un universo acotado de contribuyentes. Sin embargo, en la práctica pura, este mecanismo disminuye de forma drástica la cantidad de información detallada, facturas, movimientos bancarios y bienes que se le exigen a los funcionarios para la liquidación del tributo. El Gobierno defiende la acción bajo el paraguas de sus políticas de desregulación y simplificación administrativa, pero para la oposición se trata de una flagrante pantalla de ocultamiento.
A partir de la convalidación de estos trámites express, Manuel Adorni fue incorporado formalmente al sistema bajo el código técnico “639-Ganancias Simplificada Ley 27.799”. Este polémico casillero impositivo le permite al jefe de ministros y a sus aliados directos licuar el nivel de detalle de sus descomunales fortunas ante el fisco. La jugada colectiva no hace más que alimentar las sospechas del arco político y judicial, en momentos donde la parlamentaria exige explicaciones urgentes sobre el origen de medio millón de dólares no declarados por el coordinador del Gabinete, dejando al descubierto que la transparencia prometida quedó sepultada bajo los códigos de la evasión legalizada.