En una frenética jornada de negociaciones tras bambalinas, el oficialismo en el Congreso activó una feroz estrategia de blindaje político para rescatar al jefe de Gabinete de lo que prometía ser una lapidaria exposición pública.
La Libertad Avanza logró tejer una red de contención con bloques aliados en la Cámara Alta para dilatar los plazos institucionales y evitar que el funcionario nacional tenga que someterse de inmediato a un incómodo e impredecible interrogatorio sobre su patrimonio.
La bancada oficialista consiguió el respaldo clave de sectores dialoguistas para modificar las reglas de juego. El pacto establece que el debate para habilitar la interpelación de Manuel Adorni requerirá de una mayoría agravada de dos tercios en el recinto. Como contrapartida y moneda de cambio, el Gobierno aceptó destrabar el funcionamiento de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales, un movimiento táctico diseñado específicamente para enfriar el conflicto y ganar tiempo.
El plan de Patricia Bullrich y la contraofensiva de Mayans
La estrategia del Gobierno se juega en dos frentes simultáneos. Mientras en el Palacio Legislativo se reconfiguran las fuerzas, en la Casa Rosada el propio Adorni convocó a los senadores de La Libertad Avanza a una reunión de urgencia dividida en tres turnos (a las 9, 12 y 14 horas) para dar explicaciones directas sobre su situación patrimonial, la cual actualmente está siendo investigada por la Justicia ordinaria.
Para legalizar este blindaje, la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, formalizó la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria. La intención es modificar el acta de la sesión del jueves 25, donde originalmente se había plasmado que las mociones de interpelación podían resolverse de manera directa sobre tablas, sin necesidad de un dictamen previo de comisión. Con esta jugada, el oficialismo sepulta la postura del jefe del interbloque peronista, José Mayans, quien aseguraba con vehemencia que por tratarse de un artículo operativo alcanzaba con una moción de mayoría absoluta de 37 miembros. Ante el cambio de escenario, Mayans evalúa vaciar la reunión de Labor Parlamentaria para defender a capa y espada en el recinto el acta original firmada la semana pasada.
El poroteo de votos: los aliados que salvan al jefe de Gabinete
Para bloquear la embestida opositora, La Libertad Avanza necesita alcanzar apenas 25 votos, una cifra que dejaría a la oposición sin chances de reunir los 48 votos que representan las dos terceras partes del cuerpo. Los bloques de la UCR, Provincias Unidas y diversas bancadas provinciales dieron el visto bueno a la exigencia de los dos tercios, pero impusieron como condición innegociable abrir Asuntos Constitucionales para analizar allí los proyectos que piden el informe verbal de Adorni.
El panorama del poroteo legislativo muestra un oficialismo consolidado que ya cuenta con 21 legisladores propios. A este núcleo duro se suma el apoyo de los dos representantes de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, junto a la radical Silvana Schneider, alcanzando una base de 24 voluntades. Con el aporte casi seguro del mendocino Rodolfo Suarez, el Ejecutivo obtendría el número mágico para neutralizar el tratamiento sobre tablas. Además, operan como posibles aliados del Gobierno la neuquina Julieta Corroza, Edith Terenzi (Despierta Chubut), Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas) y Beatriz Ávila (Independencia).
En la vereda de enfrente, decididos a exigir la interpelación inmediata, se ubican los 25 senadores del interbloque peronista de Mayans, los 3 de Convicción Federal que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, y la salteña Flavia Royon. A este bloque opositor podrían plegarse los senadores del PRO Martín Goerling Lara y María Cristina Huala, además de los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama. De consolidarse la estrategia oficialista, la interpelación formal quedará congelada hasta agosto debido al receso invernal de julio, logrando que Adorni solo deba presentarse el próximo 2 de julio a brindar un informe de gestión genérico, donde la obligatoriedad de responder sobre sus bienes quedará totalmente diluida.