La inminente licitación nacional e internacional para la concesión del complejo Hidroeléctrico Futaleufú ha reavivado el debate económico en la provincia.
En este escenario, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, tomó la iniciativa y propuso modificar el esquema de reparto de fondos para que los municipios de la cordillera comiencen a percibir una parte de los ingresos generados por el canon del uso del agua, al tiempo que planteó interrogantes sobre acuerdos pactados por la gestión provincial anterior.
El reclamo por el canon del agua
Actualmente, la normativa vigente establece que la totalidad de los fondos recaudados en concepto de canon por el uso del recurso hídrico son destinados a las arcas del Gobierno provincial. Taccetta subrayó que, hasta el momento, no existe un mecanismo de coparticipación que incluya a las localidades productoras. Ante esta situación, adelantó que buscará conformar un bloque junto a los intendentes de Trevelin y Cholila para exigir que la región tenga participación directa en los beneficios económicos que genere la actividad energética.
Una oportunidad en la nueva licitación
Con la concesión actual prorrogada solo hasta fin de año, el jefe comunal de Esquel considera que el nuevo proceso licitatorio es el momento ideal para fijar nuevas reglas de juego. «Quizás se pueda establecer en el mismo pliego de licitación la obligación de pagar ese canon», sugirió Taccetta, basándose en modelos exitosos aplicados en provincias como Neuquén. El objetivo principal es que estos recursos se reinviertan localmente para potenciar el desarrollo productivo y garantizar que la riqueza generada por la represa quede en las comunidades cordilleranas.
Dudas sobre el Fondo de Desarrollo Cordillerano
En paralelo a la discusión por la nueva licitación, Taccetta se refirió al reclamo impulsado por el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, quien exige el pago de los recursos del Fondo de Desarrollo Cordillerano. Este fondo fue creado por decreto durante el mandato de Mariano Arcioni, como respuesta al veto de la ley de renta hídrica. Taccetta puso en duda la validez actual de esa normativa, argumentando que desconoce si el decreto sigue vigente y si la actual administración de Ignacio Torres tiene la obligación legal de cumplir con una decisión económica tomada por el exgobernador. En este sentido, instó a que sea el propio Ejecutivo provincial quien aclare la situación contractual y financiera de dicho fondo.