El poder legislativo municipal inició la auditoría formal sobre el nuevo esquema de concesión de la red de transporte público, un paso jurídico indispensable para determinar la validez de los acuerdos suscriptos por el departamento ejecutivo.
El asesor letrado del cuerpo legislativo, Máximo Naumann, emitirá un dictamen en base a la documentación remitida por el Municipio. Según señaló, para entrar en vigencia el acuerdo debe ser aprobado en el recinto.
La evaluación del pliego y sus adjudicaciones concentró el debate de las comisiones internas en el inicio de la semana. El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia comenzó a analizar el contrato firmado entre el Municipio y la empresa Grupo MR para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros. Tras un plenario de comisiones realizado este martes, el cuerpo legislativo inició la revisión del expediente administrativo que deberá derivar en la ratificación —o el eventual rechazo— del convenio mediante una ordenanza.
El asesor letrado del Concejo, Máximo Naumann, explicó que el proceso recién comienza y que durante los próximos días se estudiará la abundante documentación remitida por el Ejecutivo municipal.
«Se resolvió pedir dictamen sobre todas las actuaciones administrativas que mandó el Ejecutivo, todos los expedientes de la licitación, en conjunto con el proyecto de ordenanza para ratificar el convenio», indicó, en diálogo con ADNSUR.
Las etapas del procedimiento y las facultades del cuerpo
El marco regulatorio local estipula un riguroso itinerario de aprobaciones que debe cumplirse en su totalidad antes de que el nuevo operador pueda usufructuar la concesión. Según detalló, el procedimiento administrativo contempla varias etapas: la aprobación del pliego licitatorio, la preadjudicación, la adjudicación, la firma del contrato y, finalmente, la intervención del Concejo Deliberante para aprobar definitivamente el convenio.
En consonancia con la división de poderes, el asesor técnico detalló la naturaleza del control normativo que pesa sobre las actuaciones de la intendencia:
«El proceso justamente tiene distintas etapas: un inicio de la licitación, un pliego que se aprobó en el Concejo, toda la etapa de preadjudicación, de adjudicación, firma del contrato y la posterior remisión al Concejo Deliberante para que ratifique y apruebe eso. Tiene que ser mediante una ordenanza y a partir de ahí empezará toda la vigencia del contrato», explicó.
Naumann aclaró que la tarea del cuerpo legislativo consiste exclusivamente en verificar la legalidad de todo el procedimiento. En ese marco, los concejales cuentan con la facultad de aprobar o rechazar el contrato si detectaran irregularidades.
«Habrá que ver que el proceso cumpla con la legalidad, y ahí será la facultad de los concejales de ratificar el contrato o rechazarlo si encuentran nulidades», sostuvo.
Plazos de evaluación técnica y vigencia operativa
La complejidad intrínseca del trámite licitatorio obligará a un estudio minucioso de las actuaciones recopiladas por las secretarías correspondientes. El asesor adelantó que el análisis demandará varios días debido al volumen de la documentación. El expediente está compuesto por cuatro cuerpos que superan las mil fojas. «Son expedientes voluminosos, hubo un montón de actuaciones. En una semana voy a poder analizarlo y traer un dictamen legal», señaló.
Respecto de los plazos legislativos, indicó que si el estudio concluye a tiempo el proyecto podría tratarse en la próxima sesión ordinaria. De lo contrario, quedará para una sesión posterior o incluso una extraordinaria.
La aclaración legal de mayor impacto operativo radica en el estatus transitorio en el que se encuentra la prestataria seleccionada, la cual permanece inhabilitada para desplegar sus unidades hasta contar con el aval legislativo. «El contrato ya está firmado, pero tiene que ser ratificado por el Concejo. A partir de que el Concejo ratifique el contrato mediante la ordenanza pertinente, se podrá avanzar ya con el contrato», afirmó.
Impugnaciones y escenario judicial
Finalmente, el cuerpo de asesores tomó conocimiento de los reclamos formales ingresados por la firma que operaba el servicio de manera previa, aunque remarcaron que estas presentaciones no poseen fuerza suspensiva en el actual estadio administrativo. En paralelo, confirmó que Patagonia Argentina presentó una nota informando actuaciones administrativas vinculadas al proceso licitatorio. No obstante, aseguró que hasta el momento no existe ninguna medida judicial que suspenda el trámite. «No hay ninguna medida cautelar ni nada de la Justicia que paralice el proceso, así que el proceso continúa», concluyó.