El Gobierno nacional se prepara para anunciar este jueves un nuevo superávit fiscal correspondiente a junio bajo la metodología de «base caja».
Sin embargo, analistas y consultoras privadas advierten sobre la sostenibilidad de este indicador. Las dudas del mercado radican en que el ordenamiento de las cuentas públicas responde más a una decisión política de postergar pagos que a una reforma estructural del Estado, lo que se refleja en un incremento de la denominada «deuda flotante».
La brecha entre las autorizaciones de partidas y los desembolsos reales volvió a encender las alertas. De acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), durante junio el gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN) —que representa el 90% del Sector Público Nacional— se incrementó un 4,1%, mientras que el pagado de forma efectiva apenas avanzó un 0,4%.
El aumento de la deuda flotante y las cuentas del semestre
La diferencia entre el gasto devengado y el efectivamente abonado revela que el Estado continúa acumulando obligaciones pendientes de pago. En este sentido, el informe del IARAF detalla el comportamiento del gasto primario acumulado durante la primera mitad del año:
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Primer semestre: El gasto primario acumulado alcanzó los $66,79 billones, lo que «implica una reducción real interanual del 2,3% al compararlo con el gasto primario de los primeros seis meses del año 2025».
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Intereses de deuda: Al incorporar el pago de intereses —con un alza real del 8,3% en junio y del 38,3% en el acumulado anual—, el gasto total consolidó «una variación real positiva por 1,4%» en el primer semestre.
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Gasto base caja: En lo que respecta al dinero efectivamente desembolsado durante la primera mitad del año, «la variación es negativa en 3,2%», lo que confirma el freno en los pagos.
Según estimaciones del sector privado, este mecanismo habría provocado un nuevo salto en la deuda flotante en junio. Por un lado, la consultora Politikon Chaco identifica retrasos por al menos $250.000 millones en subsidios a petroleras bajo el Plan Gas, sumados a unos $40.000 millones correspondientes a transferencias no automáticas a las provincias. En paralelo, proyecciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sugieren que la deuda flotante total podría haber regresado a los niveles críticos de marzo, cuando oscilaba entre los $2 billones y los $4 billones.
Caída de recaudación y el debate por el «shutdown»
El estancamiento y la caída real de los ingresos impositivos complican el frente fiscal del Palacio de Hacienda. En este escenario, la propuesta del presidente Javier Milei de enviar al Congreso un proyecto de ley de shutdown —un mecanismo de cierre o freno automático de partidas cuando los recursos se agotan— es interpretada por los analistas como una respuesta a una restricción presupuestaria inmediata, más que como una solución de fondo.
La fragilidad del esquema actual es señalada tanto por sectores heterodoxos como por economistas de perfil liberal. Al respecto, el economista Roberto Cachanosky advirtió a través de sus redes sociales que «en junio el tesoro tuvo déficit primario devengado por $2,3 billones y resultado fiscal financiero fue negativo en $4,8 billones», concluyendo que «lo que se observa es que tanto en el primer semestre como en junio caen los ingresos y aumenta el gasto».
A pesar de estas tensiones, el Ministerio de Economía mantiene como meta prioritaria cumplir con el compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual exige acumular un superávit primario de $16 billones para el cierre de diciembre.