El gobernador Ignacio ‘Nacho’ Torres reafirmó que Aluar seguirá siendo clave en la concesión de la Hidroeléctrica Futaleufú, defendiendo la soberanía energética de Chubut.
En medio de la disputa por la soberanía energética de Chubut, el gobernador Ignacio ‘Nacho’ Torres ratificó la postura de su administración respecto a la Hidroeléctrica Futaleufú. El mandatario provincial reafirmó que, independientemente de quién resulte adjudicatario en una futura concesión, la empresa Aluar seguirá siendo un actor fundamental para el desarrollo económico y la continuidad operativa de la represa.
La defensa de la soberanía provincial
Torres fue tajante al señalar que la provincia no dará marcha atrás en su reclamo legal. «Fuimos la única provincia que judicializó este tema porque sostenemos que la Constitución es clara: los recursos son provinciales», sentenció. El gobernador cuestionó las «interpretaciones sesgadas» que pretenden mantener a la Nación como el poder concedente, argumentando que el marco normativo de Futaleufú es especial y único, diseñado originalmente para abastecer a la industria electrointensiva.
El gobernador destacó que la recuperación de este activo estratégico es un hito histórico. «Poder recuperar ese activo tan importante sería histórico para la provincia; es un reclamo que hace a nuestra soberanía energética», afirmó, celebrando que los tribunales ya hayan reconocido la competencia de Chubut en el conflicto.
Estabilidad para Aluar y el empleo
Uno de los mayores temores ante la posible reconfiguración de la concesión era el impacto sobre Aluar y los puestos de trabajo asociados. Sobre este punto, Torres buscó llevar tranquilidad al sector industrial:
-
Contrato garantizado: El gobernador aseguró que «es posible recuperar Futaleufú y sostener el contrato con Aluar sin ningún problema».
-
Mesa de discusión: Aluar, como principal cliente y parte interesada, deberá integrar la mesa de negociación. Según Torres, esto es natural, ya que existe un contrato vigente y una infraestructura compartida esencial para la capacidad instalada de la industria.
El proceso de transición hacia una nueva administración del recurso hídrico se perfila, según el mandatario, como un camino de negociación donde la infraestructura actual y la seguridad jurídica de los actores privados serán respetadas, siempre bajo el amparo de la titularidad provincial sobre el recurso.