El exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Juan Carlos Santos, prestará declaración este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco del juicio oral por la denominada Causa Cuadernos.
La comparecencia del exfuncionario durante la gestión de Alberto Abad se concreta semanas después de un insólito error administrativo en el que se citó a un ciudadano de 73 años que compartía su mismo nombre y apellido.
El episodio ocurrió el pasado 7 de julio en los tribunales de Comodoro Py, cuando el contador citado por equivocación se presentó ante el juez Enrique Méndez Signori y aclaró de inmediato la confusión: “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.
Ante la consulta del tribunal sobre si le habían explicado los motivos de la citación al contactarlo, el hombre detalló la situación que le tocó vivir:
“No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp, que me iban a citar. Estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver para esto”, explicó el testigo involuntario.
Aclarado el malentendido, la citación del verdadero exfuncionario busca reconstruir el desempeño del organismo recaudador entre 2018 y 2019, período en el cual la dependencia recibió diversos oficios judiciales vinculados a las investigaciones por presuntos sobornos. Santos ya cuenta con antecedentes testimoniales en Comodoro Py, habiendo declarado previamente en la causa Oil Combustibles.
Junto a la declaración de Santos, la nómina de testigos convocados para la jornada incluye las presentaciones de Pedro Mario Majul, Samanta Fagan, Miriam De Luca y Beatriz Zoe López.
Funcionarios revelan las maniobras para retirar efectivo de la obra pública
La citación de Santos se suma a las recientes declaraciones de cuatro funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quienes detallaron ante el tribunal la mecánica utilizada por grupos empresariales para extraer dinero en efectivo proveniente de contratos de infraestructura adjudicados durante las gestiones kirchneristas.
Según las inspecciones presentadas en el juicio, el esquema incluía la contratación de proveedores catalogados como “no confiables”, la emisión de facturación apócrifa o de dudosa consistencia y la adquisición de divisas en efectivo para su posterior entrega a apoderados de Uniones Transitorias de Empresas (UTE).
Entre las firmas señaladas dentro de estas dinámicas operativas figuran Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco. De acuerdo con los testimonios, al recibir los adelantos o certificados de obra estatales, las UTE contrataban servicios de cobertura contable que permitían registrar egresos como gastos comerciales ordinarios, logrando la salida de fondos sin respaldo prestacional comprobado.
Un caso testigo presentado en el debate oral involucra a la firma Isolux durante la adjudicación de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio en 2007, obra presupuestada en más de 2.000 millones de pesos. Exinspectores de la AFIP detectaron desvíos hacia el exterior mediante intermediarios financieros:
“Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”, precisó una de las especialistas que declaró ante el tribunal.