Una insólita y gravísima maniobra diplomática en el Atlántico Sur encendió la máxima alarma en el colectivo de veteranos de guerra de la Argentina.
Tras confirmarse la inminente puesta en marcha de una nueva conexión marítima entre Chile y las Islas Malvinas, organizaciones de excombatientes decidieron romper la pasividad oficial e interpelar de forma directa al Gobierno nacional para impedir lo que consideran una flagrante violación de la soberanía en la región.
La intimación a Pablo Quirno y el reclamo por las empresas involucradas
A través de una contundente carta documento enviada al canciller Pablo Quirno, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) intimó al funcionario a tomar cartas en el asunto en un plazo perentorio de 72 horas. La medida busca frenar la ruta comercial anunciada por el intendente de Punta Arenas (Chile), Claudio Radonich, cuyo viaje inaugural está programado para el próximo mes de noviembre.
El CECIM exige la inmediata aplicación de la Ley 26.659 y del Decreto 868/2026, normativas que facultan y obligan a la Cancillería a restringir la actividad logística y comercial no autorizada. En concreto, se le exige a Quirno ordenar a la Embajada argentina en Chile la presentación de una protesta formal ante el gobierno chileno, ejecutar un reclamo diplomático directo contra el Reino Unido e iniciar un duro paquete de sanciones contra las compañías Easter Island Naviera, Easter Island Logistics y la Falkland Islands Development Corporation, además de alertar a los reguladores bursátiles sobre las eventuales contingencias legales de los actores implicados.
Cierre de puertos, normativa de navegación y denuncia internacional
Asimismo, los excombatientes demandaron que se prohíba de forma tajante a todos los puertos argentinos prestar asistencia o servicios logísticos a las naves vinculadas al proyecto. En esa misma línea, requirieron que se exija el cumplimiento estricto del Decreto 256/2010 a los buques que naveguen con destino al archipiélago y se revoquen los permisos correspondientes a las embarcaciones que lo vulneren.
Finalmente, la misiva cursada al Ministerio de Relaciones Exteriores insta a elevar la denuncia formal ante organismos internacionales de relevancia estratégica como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de Descolonización, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el MERCOSUR. Desde el centro de veteranos recalcaron que dar cumplimiento a estas disposiciones legales constituye un deber irrenunciable y no una decisión discrecional del titular de la cartera diplomática.