Un explosivo litigio judicial sacude al sector pesquero de la Patagonia y pone en la mira a la Justicia chubutense.
La empresa Agropez S.A., firma integrada al influyente Grupo CONARPESA, acudió de urgencia al máximo tribunal provincial para frenar la ejecución de una condena que sufrió una desproporcionada disparada financiera, amenazando con provocar un daño patrimonial irreversible.
Un salto astronómico: de pagar $13,5 millones a una deuda de $332,2 millones
La controversia escaló al Superior Tribunal de Justicia de Chubut en el marco de la causa «Navarro Tobar, Luis Osvaldo c/ Agropez S.A.». La representación legal de la pesquera, encabezada por el abogado Luis Ángel Novoa, presentó un recurso este 9 de septiembre exigiendo la suspensión excepcional del proceso y la morigeración inmediata de los intereses aplicados.
El detonante de la presentación radica en las impactantes cifras de la liquidación: el capital de condena fijado originalmente fue de $13.520.929,60, pero tras la adición de los intereses, la suma alcanzó la astronómica cifra de $332.213.873,40. Este cálculo representa un salto destructivo de más del 2.550% en cuatro años, lo que equivale a una tasa anual aproximada del 562,60%.
En declaraciones vinculadas con el reclamo judicial, Novoa fue categórico al describir la situación: «Objetivamente, eso implica un dislate. Nada objetivamente indica que un capital de 13 millones en cuatro años puede aumentar el 2.550%. Nada lo indica». Desde la compañía aclararon que no buscan desconocer la sentencia firme ni el fallo, sino corregir una liquidación que vulnera todos los límites de la razonabilidad.
Alerta por el derecho de propiedad y el pedido de frenar la ejecución
Para fundamentar el reclamo, la defensa invocó el artículo 771 del Código Civil y Comercial, el cual faculta a los magistrados a reducir los intereses cuando el resultado termina siendo desmedido. El escrito presentado ante el máximo tribunal advierte que la desproporción afecta de manera directa el derecho de propiedad de la firma pesquera.
Asimismo, la presentación cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para remarcar que, incluso en aquellos créditos con componentes de sanción, el fallo «no puede traducirse en una fuente injustificada de enriquecimiento».
Ante el peligro inminente de un «agravio de imposible reparación posterior», Agropez solicitó expresamente al Superior Tribunal que requiera la remisión del expediente principal y ordene la suspensión inmediata de la ejecución mientras se revisa el escandaloso cálculo de intereses.