En una medida de altísimo impacto político y económico, el Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración de las cuentas públicas.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026, publicado en las primeras horas de este jueves en el Boletín Oficial, se dispuso una masiva readecuación del presupuesto. Bajo el argumento de que, de no actuar de forma inmediata, peligraría de muerte la prestación de servicios esenciales a cargo del Estado, el Ejecutivo definió transferencias millonarias para áreas sensibles. El reparto, sin embargo, ya genera fuertes polémicas al priorizar el pago de pasivos financieros y el fortalecimiento de los servicios de inteligencia.
Universidades, hospitales y el millonario refuerzo a los espías de la SIDE
La sorpresiva adecuación presupuestaria —la segunda en lo que va del año— busca blindar el funcionamiento de distintos organismos de la administración pública. Una de las partidas más abultadas se destinó al sector educativo tras meses de extrema tensión: se aprobó un incremento de $1.335.312.502.795 para garantizar los salarios de docentes y no docentes de las Universidades Nacionales y sostener el Programa de Becas Manuel Belgrano. Asimismo, la salud pública recibió un respiro con la asignación de $103.966 millones para el Hospital Garrahan y $17.521 millones para el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner.
Sin embargo, el punto que despertó inmediatas suspicacias políticas es el fuerte desembolso en materia de seguridad nacional. El decreto de necesidad y urgencia otorgó un refuerzo presupuestario total de $49.261 millones a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), destinado a la contratación de personal, bienes de consumo y equipamiento informático de última generación. En sintonía con esta inyección de fondos, también se adecuaron las partidas para gastos de funcionamiento y haberes de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina.
El salvavidas social, auxilio a las provincias y un colosal pago al BCRA
El plan de readecuación también contempla un fuerte componente de contención social y previsional en un contexto sumamente complejo. El Ejecutivo nacional dispuso un refuerzo de $624.308 millones para el programa de Políticas Alimentarias, mientras que se asignaron $409.342 millones para financiar el Monotributo Social y cubrir los históricos déficits de las cajas previsionales de las provincias que no fueron transferidas a la órbita nacional. Para balancear estas cuentas, el Tesoro Nacional recibirá una contribución de $280.510 millones provenientes de un reembolso de gastos del programa de Primera Infancia financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Finalmente, el capítulo destinado a los compromisos financieros se lleva la porción más colosal de la ingeniería presupuestaria. El DNU detalla una readecuación de partidas de dimensiones extraordinarias para cumplir con la deuda pública vigente. Específicamente, el Tesoro Nacional utilizará sus propios recursos para hacer frente a la amortización de letras intransferibles depositadas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por una impactante suma que supera los $18 billones, buscando de este modo asegurar la estabilidad de los servicios financieros programados para el corriente ejercicio.