La tensión política en la Cámara Alta llegó a su punto de máxima ebullición y amenaza con hacer naufragar la última jugada legislativa del oficialismo antes del receso invernal.
En medio de un escenario de extrema incertidumbre, la sesión impulsada por La Libertad Avanza para debatir la controvertida flexibilización de la propiedad privada y la designación de polémicos pliegos judiciales pende de un hilo. Una ola de deserciones clave en los bloques dialoguistas, sumada a una feroz batalla interna que incluyó humillantes descalificaciones entre las principales referentes del espacio, ha dejado al Gobierno al borde de un estrepitoso fracaso legislativo en el recinto.
Fugas masivas y una violenta trinchera de chats entre Villarruel y Bullrich
La posibilidad de alcanzar el quorum reglamentario se desmoronó por completo durante las últimas horas del miércoles. El oficialismo sufrió la baja confirmada de al menos tres legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), un senador de Provincias Unidas y los dos representantes de Santa Cruz, quienes rechazan de plano los puntos más polémicos de la reforma de tierras.
A este complejo frente opositor se sumó el rechazo de la propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien no deseaba la realización del debate legislativo. Esto desató una brutal discusión a través de mensajes de texto con la jefa del bloque de LLA en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. «¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?», recriminó Villarruel con indignación, encontrando una implacable resistencia por parte de la senadora. El cruce verbal escaló rápidamente y terminó de la peor manera: la vicepresidenta tildó a su par de subordinada de la hermana presidencial al espetarle «Andá a chuparle las medias a Karina», provocando la lapidaria réplica de Bullrich: «¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política».
Extranjerización de campos, desalojos exprés y los polémicos pliegos bajo la lupa
El corazón del debate que el oficialismo busca destrabar se centra en el proyecto de propiedad privada, el cual elimina las restricciones vigentes para que empresarios extranjeros adquieran tierras rurales argentinas. Según la versión número 13 del dictamen, se prohíbe la compra a Estados o corporaciones con capital estatal extranjero sin aval oficial, pero se introduce el «silencio administrativo»: si la provincia o la Nación no formulan un reparo formal en 180 días, los extranjeros se convertirán en propietarios de pleno derecho. Asimismo, se implementará un drástico sistema de «desalojo exprés» que habilita al juez a ordenar la restitución de propiedades usurpadas en un plazo de 72 horas ante la presentación de títulos. Para los inquilinos morosos, se fija un límite de 10 días desde la notificación por carta documento para regularizar deudas antes de iniciarse la demanda de desalojo judicial, la cual se resolverá en 10 días hábiles. En los casos donde existan menores o adultos en situación de vulnerabilidad, la justicia deberá garantizar una alternativa habitacional transitoria en un plazo no mayor a 10 días.
En paralelo, La Libertad Avanza busca apurar la aprobación de 36 pliegos judiciales estratégicos. Entre ellos sobresale el del camarista Víctor Pesino, quien busca prorrogar su mandato por un lustro antes de cumplir los 75 años el próximo 27 de julio (y que ya presentó un amparo judicial preventivo para atornillarse en el cargo). También figura la designación de Juan Rodríguez Ponte en el juzgado de Lomas de Zamora, magistrado que tendrá bajo su órbita la explosiva causa penal contra el exintendente de Lomas, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio. De aprobarse este paquete, el Ejecutivo habrá logrado cubrir un tercio de las 300 vacantes que hoy paralizan los tribunales del país.