El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, oficializó la creación de un nuevo esquema operativo diseñado para identificar y neutralizar de forma temprana delitos de trata de personas en las terminales aéreas de todo el territorio argentino.
La medida actualiza los lineamientos de control vigentes desde 2018 y establece pautas de cumplimiento obligatorio para los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La medida se formalizó mediante la publicación de la Resolución 468/2026 en el Boletín Oficial, bajo el nombre de «Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario». De acuerdo con el texto normativo, la PSA actuará como la autoridad superior encargada de ejecutar las pericias y procedimientos específicos para ratificar o descartar hipótesis delictivas vinculadas a este flagelo que vulnera los derechos humanos y la dignidad.
Modernización ante delitos complejos
Los consideratorios de la resolución detallan que el delito de trata ha modificado sus estructuras organizativas, dinámicas y escalas, consolidándose en los últimos años como una modalidad de crimen complejo transnacional. Debido a esto, los aeropuertos pasaron a ser puntos críticos para la movilidad humana y, en consecuencia, plataformas estratégicas para la intervención policial, el desmantelamiento de redes criminales y el rescate de las víctimas.
Ante este panorama, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, aprobó la actualización del protocolo e instruyó formalmente al Director Nacional de la PSA para coordinar la designación de oficiales referentes especializados en la materia dentro de cada aeropuerto del país.
Carácter reservado de las operaciones
La normativa aclara que el nuevo manual de procedimiento técnico tendrá carácter estrictamente reservado. Las autoridades ministeriales argumentaron que la difusión pública de los métodos de detección y los perfiles de control podría alertar a las organizaciones criminales, comprometiendo la efectividad de las tareas de inteligencia, las pesquisas en curso y la integridad física de las personas damnificadas.
Con la entrada en vigencia de esta disposición regulatoria, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la anterior Resolución N° 635/2018, readecuando los recursos logísticos y de entrenamiento del personal de seguridad a las demandas actuales en materia de delitos internacionales.