El bloque oficialista de La Libertad Avanza inició negociaciones formales con los espacios de la oposición dialoguista con el propósito de abrochar un acuerdo político que permita reactivar el recinto de la Cámara de Senadores la próxima semana.
El objetivo central de la convocatoria radica en someter a votación el proyecto de ley de propiedad privada, la denominada Ley Hojarasca y la aprobación de un paquete que contiene alrededor de treinta pliegos judiciales.
La intención inicial de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, era celebrar la sesión ordinaria, pero la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, optó por fijar la convocatoria a la reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles a las 12:00 horas. Con este cronograma técnico, la actividad en el recinto se postergaría para los días 15 o 16 de julio. Este desentendimiento en los plazos normativos escenifica un nuevo contrapunto entre Bullrich, quien buscaba dinamizar la labor parlamentaria de inmediato, y la conducción del Senado.
Modificaciones al proyecto de propiedad privada
El eje vertebrador del debate será el marco regulatorio de la propiedad privada, el cual llega al recinto con sustanciales modificaciones respecto del borrador original enviado por el Poder Ejecutivo. El diseño definitivo del dictamen, que transitó por trece revisiones previas, atenuó la desregulación total que pretendía facilitar la adquisición irrestricta de tierras rurales por parte de capitales corporativos extranjeros.
En la plataforma técnica articulada para la sesión se destacan las siguientes reformas:
-
Extranjerización de tierras: Se mantuvo la prohibición explícita para que empresas privadas constituidas con fondos extranjeros adquieran tierras estratégicas. Asimismo, se ratificó que cualquier operación en zonas de frontera requerirá obligatoriamente el aval técnico de los gobiernos provinciales, el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso.
-
Manejo del fuego: El texto sostiene la prohibición de modificar el uso del suelo por un término de 60 años en aquellos bosques nativos que hayan sido afectados por incendios forestales, en sintonía con la legislación aprobada en 2020. No obstante, se flexibilizarán los permisos de destino para suelos de categoría rural.
-
Desalojos: Ante casos de ocupación ilegal de inmuebles o terrenos, se incorpora un mecanismo de desalojo exprés con un plazo perentorio de tres días para desocupar la propiedad. En contraste, para los litigios comerciales por mora en el pago de alquileres, el plazo estipulado se fijó en diez días hábiles.
Tratamiento de la Ley Hojarasca y pliegos judiciales
El orden del día complementario impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contempla la aprobación de la Ley Hojarasca, una iniciativa orientada a derogar cerca de 70 leyes consideradas obsoletas. Entre las normativas comerciales y civiles a eliminar figura la Ley 20.120, la cual faculta a las fuerzas policiales a ingresar a reuniones privadas en espacios cerrados bajo previo aviso, y la Ley 20.983 de 1975, que obligaba a las señales de radio y televisión a ceder 60 minutos diarios de su grilla de programación a la promoción turística institucional.
En el plano judicial, el oficialismo apunta a convalidar las designaciones de una treintena de magistrados. En la nómina sobresale el pedido de prórroga por cinco años para el camarista Víctor Pesino, quien requiere el acuerdo del Senado antes de cumplir el límite constitucional de 75 años el próximo 27 de julio. También se debatirá el pliego de Juan Rodríguez Ponte —exsecretario del juez Ariel Lijo— postulado para ocupar el juzgado federal de Lomas de Zamora, tribunal encargado de tramitar la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exintendente Martín Insaurralde y la modelo Jésica Cirio.