La Libertad Avanza (LLA) se juega una carta crucial en el Congreso de la Nación en medio de un escenario de extrema incertidumbre parlamentaria.
Con el receso invernal ya iniciado en varias provincias argentinas, el oficialismo intentará abrir el recinto de la Cámara Alta este jueves al mediodía. El objetivo principal es sancionar un paquete de reformas estructurales de alto impacto civil y judicial, aunque la falta de legisladores en la Ciudad de Buenos Aires amenaza con dejar la convocatoria totalmente trunca.
El polémico proyecto de propiedad privada: compra extranjera y desalojo exprés
El núcleo del debate parlamentario gira en torno a la demorada ley de propiedad privada, un ambicioso esquema diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El texto original sufrió severas modificaciones en su dictamen número 13: se eliminó el capítulo de barrios populares y se reestructuraron los apartados de extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
El proyecto elimina las restricciones para que extranjeros compren tierras rurales en el país, delegando la autorización final en las provincias. De todas formas, se prohíbe la adquisición de tierras a Estados extranjeros o corporaciones con participación estatal de otros países, salvo habilitación conjunta de la provincia y el Poder Ejecutivo. Además, en las áreas de frontera se requerirá obligatoriamente el aval de los gobiernos provincial, nacional y del Congreso. Una de las cláusulas más controvertidas establece el «silencio administrativo»: si el Estado no emite objeciones en 180 días, los extranjeros se convertirán en propietarios de pleno derecho.
El nuevo régimen de desalojo exprés
La reforma modifica drásticamente las reglas de juego para usurpadores, tenedores precarios e inquilinos morosos:
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Usurpación: El juez podrá ordenar la devolución inmediata de la propiedad en un plazo máximo de 72 horas si el derecho del dueño es verosímil y tras una caución juratoria.
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Inquilinos deudores: Tras una intimación por carta documento o correo electrónico, el inquilino tendrá 10 días corridos para abonar lo adeudado. De persistir el incumplimiento, se iniciará el desalojo, realizándose la medida en 10 días hábiles. El propietario no podrá negarse a recibir las llaves, aunque podrá dejar asentadas las deudas remanentes de manera escrita.
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Sectores vulnerables: En casos que involucren a menores o adultos desamparados, intervendrán organismos locales y el Ministerio Público Tutelar, dándose un plazo de 10 días para garantizar una solución habitacional temporal sin frenar el desalojo.
La carrera contra el reloj por el pliego del juez Víctor Pesino
En paralelo al debate de tierras, la urgencia de LLA radica en la aprobación de 36 pliegos judiciales. El nombre clave es el de Víctor Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, conocido por haber rechazado la medida cautelar de la CGT contra la reforma laboral. El magistrado cumple 75 años el próximo 27 de julio; si su prórroga por cinco años no se aprueba antes de esa fecha, corre el riesgo de perder su cargo, motivo por el cual ya interpuso un recurso de amparo preventivo para continuar en sus funciones.
Dentro de la nómina de designaciones también figura Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, postulado para el juzgado federal de Lomas de Zamora, una posición clave ya que allí tramita la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio. De destrabarse la sesión y aprobarse los pliegos, el Gobierno de Javier Milei habrá cubierto 110 vacantes de las casi 300 que se encuentran actualmente desiertas en el Poder Judicial.