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Pobreza

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En Comodoro Rivadavia hay un total de 62.812 personas en situación de pobreza, lo que equivale a un 25% del total de su población, según los datos publicados hoy por el INDEC, para el primer semestre de 2022. El indicador significa un leve empeoramiento frente al primer semestre del año pasado, pero sigue por debajo del promedio de la Patagonia y muy lejos de la media nacional. El conglomerado Rawson-Trelew quedó cerca del 34%, con 50.000 personas en situación de pobreza y casi 10.000 indigentes

Se trata de una mejora leve frente al primer semestre del año pasado y se mantiene entre los indicadores más bajos del país.

En núcleo Rawson-Trelew sigue con indicadores altos, cercanos a la media nacional, que tuvo un retroceso de 3,5 puntos en relación al mismo período del año pasado. A nivel nacional, subió la indigencia a raíz de que los precios de los alimentos suben por encima de otros bienes y servicios.

Los datos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares para el primer semestre de este año reflejaron que el indicador de pobreza alcanza a un 36,5% de la población total del país, lo que equivaldría a alrededor de 17 millones de personas, si se hace una extrapolación de los porcentajes medidos por la encuesta, que sólo incluye a 31 aglomerados urbanos de toda la Argentina y excluye a las áreas rurales (en Chubut, por ejemplo, sólo se mide en dos aglomerados y se deja afuera a todas las demás ciudades).

En rigor, los números oficiales del INDEC muestran hoy que la cantidad de pobres son 10,6 millones de personas, que es lo que representa el porcentaje aplicado sobre la población total involucrada en las ciudades donde se realiza la encuesta.

En cualquier caso, los números presentan una mejora en relación al primer semestre del año pasado, cuando el indicador había alcanzado el 40% y la proyección representaba en ese momento a 18,9 millones de personas. Aunque metodológicamente no es correcto comprar contra semestres diferentes, la medición de la primera mitad de este año también confirma la baja observada en la segunda parte del año pasado, cuando la medición había reflejado un 37,3%.

Aumento de la indigencia en el país

Un dato preocupante, en el contexto nacional, es el crecimiento de la indigencia, ya que entre el total de personas bajo la línea de pobreza, 4,1 millones de habitantes no reúnen los ingresos mínimos para comer todos los días. De hecho, la línea de indigencia subió desde el 8,2 al 8,8% de la población.

Esa contradicción entre la baja de pobreza y suba de la indigencia es explicada porque la inflación tiene una mayor aceleración en los precios de los alimentos que, comparativamente, sobre otros bienes y servicios que componen la canasta básica total.

Así lo explica un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que indica que desde enero de este año los alimentos crecieron a un ritmo más elevado que el transporte público o los servicios de electricidad y gas, que mantienen subsidios y tuvieron precios pisados en comparación a la evolución inflacionaria.

Según los datos registrados para el primer semestre del año, la pobreza disminuyó hasta el 36,5%. Mientras tanto, la indigencia creció hasta el 8,8%.

De acuerdo a las cifras que difundió el Indec, alrededor de 17 millones de argentinos estuvieron por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre. Según las últimas estadísticas, la pobreza afectó al 36,5% de la población, mientras que la indigencia fue del 8,8%.

Según el documento oficial, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 27,7%; en ellos reside el 36,5% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 6,8% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 8,8% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares.

Con respecto al segundo semestre de 2021, la incidencia de la pobreza registró una reducción de 0,8 puntos porcentuales. Sin embargo, en el caso de la indigencia, hubo un aumento de 0,6 puntos.

¿Por qué bajó la pobreza y subió la indigencia?

Dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios, se observó que, con respecto al semestre anterior:

En promedio, el ingreso total familiar aumentó un 29,1%.

Las canastas regionales promedio aumentaron 33,8% (CBA) y 29,0% (CBT)
Es decir, los ingresos en el período estudiado aumentaron a un nivel similar a la CBT, lo que dio lugar a la reducción de la tasa de pobreza; y menos que la CBA, lo que explica el aumento de la tasa de indigencia del conjunto de la población en el promedio del semestre.

Otro dato a tener en cuenta es que el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $ 58.472, mientras la CBT promedio del mismo grupo de hogares alcanzó $ 93.177. Así, la distancia entre los ingresos de los hogares pobres y la CBT aumentó levemente respecto del segundo semestre de 2021.

En cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, se destaca que un poco más de la mitad (50,9%) de las personas de 0 a 14 años son pobres. El porcentaje total de pobres para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 43,3% y 32%, respectivamente. En tanto, para la población de 65 años y más, el 12,1% se ubicó bajo la línea de pobreza.

Las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones GBA y Cuyo, 37% cada una; y Noreste (NEA), 36,7%. Las menores, por su parte, se registraron en las regiones Patagonia, 31,4%; y Noroeste (NOA), 36%. Tanto en los aglomerados de 500.000 y más habitantes como en los de menos de 500.000 se observó una reducción de la pobreza de 0,2 puntos con respecto al segundo semestre de 2021.

 

Así lo establece el informe mensual que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) elabora tomando como referencia precios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 6,3% en julio y alcanzó los $49.465 para que un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos compre la comida indispensable y no caiga en la indigencia, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El INDEC dio cuenta además que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que junto a alimentos reúne indumentaria y transporte, también subió 6,8% en julio, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $111.297 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

En los primeros siete meses del año la CBT aumentó 46,2% y la CBA 50,1%, diferencia que se debe a esencialmente en que las tarifas de los servicios públicos, y el transporte, se encontraban con escasos aumentos por lo cual aumenta la ponderación que tiene la comida dentro de los índices.

En los últimos doce meses, el costo de la CBA avanzó 70,6% y la CBT 64,7%, precisó el INDEC.

Guillermo Spina triunfó en las elecciones del gremio docente Sitraed el viernes pasado y asumirá el próximo 30 de junio. Adelantó que la propuesta de su gestión será comenzar a escuchar la voz de los afiliados que no estaba siendo tenida en cuenta por la anterior conducción.

El nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Chubut (SiTraEd), Guillermo Spina, habló con ADNSUR sobre cómo se desarrollaron las votaciones donde salió elegido y además, de los objetivos a futuro a partir de la renovación de la conducción del gremio estatal.

“La cantidad de afiliados que asistieron a votar fue de alrededor del 43% del padrón. Fue una participación importantísima que hay que destacar y es lo que queríamos, porque sino la nueva Comisión Directiva no iba a tener el sustento necesario para poder transitar estos 4 años”, afirmó.

Y recordó que el gremio cuenta con 2600 afiliados y que de ese total, fueron a votar más de 1100 personas. «Fue una elección importante considerando que hace 10 años no había una elección en SITRAED».

Asimismo Spina aclaró que la demora en las elecciones surgió porque «existió una judicialización y luego tomó intervención la CEA (Confederación de Educadores de Argentina) y luego el ministerio de Trabajo”.

El dirigente gremial que asumirá el próximo 30 de junio aseguró que el objetivo de su gestión será “ revalorizar al afiliado», para que el afiliado se entere lo que se firma en las Paritarias a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales.

“No se consultaba a los afiliados ni eran considerados en función del aporte que hacían. SITRAED no tiene servicios y al afiliado se lo dejaba a un lado”, recordó.

“Nosotros proponemos revalorizar al afiliado para hacer valer sus derechos, brindar los servicios y acompañarlos en situaciones de salud en el caso que tengan que viajar a Buenos Aires”, subrayó y anticipó que «en Comodoro Rivadavia y Sarmiento, va a haber seccionales por la cantidad de afiliados para que tengan autonomía propia”, anticipó.

Discusión salarial 

Spina también habló de la situación salarial de los trabajadores de la educación en Chubut. “Es inconcebible que el sueldo de un docente esté por debajo de la línea de la pobreza. Luego será cuestión de sentarse a dialogar para ver cómo el sueldo del docente que hoy está en un promedio de $ 52000 llegue a los $ 90000 que es la canasta básica alimentaria. Si no se llega a un acuerdo, los afiliados decidirán las medidas y para eso vamos a armar los ‘cuerpos de delegados”, explicó.

“Mientras que la pretensión laboral del docente sea la que corresponda, las medidas de fuerza no tendrían que existir. Si uno consigue lo que pretende, las medidas no serían necesarias», opinó en diálogo con ADNSUR

«Nuestra premisa es defender al afiliado y a todo el colectivo docente y a los auxiliares que también están comprendidos dentro de nuestro gremio con el sueldo y las condiciones de trabajo que corresponden”, concluyó.

El secretario general del gremio docente, Daniel Murphy, hizo un balance del Plenario Provincial de Delegados y anticipó que la ATECh concretará un nuevo paro el 10 de mayo para conseguir un salario que no sea inferior a la canasta básica, que hoy se ubica en los 95 mil pesos.

«El gobierno quería prohibir las asambleas y se hicieron, quería asustar a los delegados con que no se podían tomar las licencias y se tomaron las licencias, vinieron con su mandato y estuvimos todo el día debatiendo cómo fortalecer la lucha y salimos fortalecidos de cara a lo que viene», manifestó Murphy de la ATECh.

El dirigente sindical anticipó «convocamos a un paro para el 10 de mayo, día que nos reuniremos con el gobierno y se debe dar una propuesta salarial satisfactoria. Ese día no solamente vamos a estar de paro, sino que además, vamos a estar en las calles. Si no hay respuestas por parte del gobierno ‘el plenario propone un paro progresivo'».

El Plenario Provincial propone:

«Declarar HUELGA por 24 horas el día 10 de mayo, fecha comprometida para la continuidad de paritaria salarial.

MOVILIZACIÓN al lugar en que se realice la reunión (Regionales Este y Noreste), con movilizaciones simultáneas en cada una de las demás regionales.

En el caso de cambiar la fecha el gobierno, además, declarar HUELGA por 24 horas el día en que se realice la reunión, con movilización.

Compró un 0km en Comodoro, se le desprendió la rueda en plena ruta, volcó y la justicia obligó al fabricante a compensarlo con 10 autos iguales

El plenario propone continuidad de paro progresivo, con base en nueva asamblea escolar y mandato al Cuerpo de Delegados de cada regional.

Convocar a las demás organizaciones sindicales de trabajadores estatales a la unidad en la lucha contra la política de ajuste de Arcioni.

Plantear que el aumento salarial debe permitir alcanzar la canasta familiar para la Patagonia, lo que representa un salario de bolsillo de $100.000, como mínimo».

El promedio salarial que paga la provincia de Chubut a empleados públicos y jubilados provinciales los mantiene permanentemente al borde de la pobreza. Los últimos incrementos de sueldos los alejaron un poco de los temibles subsuelos de la miseria, pero aún siguen caminando por la cornisa que puede arrojarlos al barranco. Mayo será el mes de la reapertura de las paritarias y el debate estará dado qué tan cerca o tan lejos quedan los salarios de la pobreza en la provincia, mientras la inflación sigue deteriorando el poder adquisitivo. La destrucción del poder de compra es brutal desde el comienzo de la pandemia.

El mes de mayo arrancará en medio de una disparada inflacionaria que en marzo llegó al 7,4% en la Patagonia y que se mantendría en niveles similares luego de lo ocurrido en abril. El próximo 10 de mayo está prevista la reapertura de paritarias con los trabajadores estatales, y el foco estará puesto en cuánto pueden recuperar de lo perdido en el primer trimestre y cuánto pueden anticiparse a los impactos inflacionarios futuros.

Durante el último año los empleados públicos y los jubilados provinciales estuvieron siempre a punto de caer bajo la línea de la pobreza, particularmente en el mes de octubre pasado cuando el salario promedio casi empató con el costo de vida y la miseria se transformó en un fantasma que amenazó con vaciar el bolsillo de los estatales.

A lo largo del tercer trimestre de 2021 se atravesó el peor momento para el poder adquisitivo de los empleados públicos y jubilados, en la medida en que la inflación fue en aumento y el poder de compra se fue achicando; como producto del congelamiento salarial y los constantes atrasos en los pagos que generó durante largos meses el pago escalonado.

Un empate rumbo al descenso

En octubre el sueldo promedio casi quedó empatado con el costo de la Canasta Básica Total medida en Comodoro Rivadavia por el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, que conduce el economista César Herrara.

Con un sueldo promedio ubicado en 83.773 pesos y un costo de vida que llegó a los 83.421 pesos, los estatales y jubilados necesitaron en ese mes el 99,6% de sus ingresos para escaparle raspando a la pobreza que los estaba atrapando y absorbía casi la totalidad de lo que recibían mensualmente como pago del Estado.

En el último mes de la pre pandemia, el salario promedio estatal en Chubut estaba en los 71.734 pesos y para vivir se necesitaban 47.496 pesos al mes. En ese momento todavía se sentían los impactos positivos de las recomposiciones salariales conquistadas en 2019 y la cláusula gatillo iba acompañando la inflación.

Al irrumpir la pandemia de Covid, las cuarentenas y el ajuste -que se transformó en congelamiento salarial- el poder de compra de los sueldos en la provincia se desplomó y puso a los estatales y jubilados al borde de ser técnica y prácticamente pobres.

Una leve mejoría

Entre los meses de noviembre y enero la brecha frente a la suba de la Canasta Básica Total se amplió y les dio un pequeño respiro a los escuálidos bolsillos estatales, aunque la pobreza era una realidad que los acechaba de manera permanente y el margen de maniobra fue muy estrecho en ese período.

El 30% de incremento por decreto que firmó el gobernador Mariano Arcioni -pagaderos en un 10% en septiembre, otros 10% en febrero y 10% más en marzo- no tuvo impacto positivo hasta finales de año.

A ese pequeño margen de mejora conseguido por los aumentos salariales -donde se incluyó un incremento del 10% y la absorción del bono de 5.000 pesos-se le sumó el efecto retroactivo generado por el pago de los sueldos atrasados y el fin del pago escalonado.

Recién en febrero y marzo, con las posteriores dos cuotas de aumentos en los sueldos, los estatales y los jubilados consiguieron ensanchar la brecha con la pobreza. Ahora la inflación descontrolada vuelve a poner los sueldos provinciales al borde del abismo de la miseria.

El mayor impacto positivo para el poder adquisitivo se produjo en este mes de abril que concluyó, ya que el adelantamiento del aumento de mayo -13% en total- y el bono de 20.000 pesos -por única vez para los que ganan menos de 100.000 pesos- hicieron que la brecha se ensanche en sus niveles más amplios. Como consecuencia, los estatales transitaron un momento en el que fueron menos pobres durante el último año; aunque ese salario es el que se cobrará recién estos primeros días de mayo.

Vale aclarar que aún no existen mediciones certeras del valor de la canasta familiar y habrá que esperar por lo menos una quincena o más para saber si ese distanciamiento con la pobreza se consolida en los salarios de los estatales y jubilados.

Paritarias e inflación

La inflación del INDEC para marzo pasado fue de 7,4% según el IPC Patagonia, pero desde el Observatorio de Economía se proyectaba que para ese mismo mes la suba de la Canasta Básica Total en Comodoro Rivadavia rondaría entre 8 y el 10%; marcando inclusive un aumento superior al informado por el INDEC.

Un panorama similar habría que esperar con los datos de abril, aunque todavía no se cuenta información certera del INDEC -que informará la inflación patagónica recién el próximo 12 de mayo- y habrá que esperar aún más para conocer el dato de la CBT que mide el Observatorio.

Lo cierto es que las mejoras obtenidas hasta abril y ese distanciamiento de los sueldos frente a la pobreza podría esfumarse con el avance inflacionario desmedido que se viene dando en los últimos dos meses y habrá que esperar el comportamiento de los precios mientras se sigue desarrollando la disparada de los commodities producto de la guerra en Ucrania.

La reapertura de las paritarias con estatales prevista para el martes de 10 de mayo abre un proceso de puja salarial que determinará si los estatales logran alejarse de la crisis o vuelven a acercarse a los niveles de pobreza como sucedió en buena parte de los últimos meses.

Según el INDEC, solamente en el primer trimestre de 2022 la suba de precios en la Patagonia fue de 16,7%, con la enorme disparada de marzo que llegó a 7,4% y fue la más alta en todo el país.

Si bien los aumentos dados por el Gobierno provincial permitieron que los estatales y jubilados le peleen durante los últimos tres meses a la inflación, no menos cierto es que no se recuperó el poder adquisitivo de la pre pandemia. Allí reside una de las claves principales del deterioro del poder adquisitivo de poco más de 64.000 trabajadores activos y pasivos.

En marzo de 2020 los gastos para cubrir la Canasta Básica Total representaban 66,2% del salario promedio en Chubut que cobraban estatales y jubilados provinciales. Ese porcentaje saltó al alarmante 99,6% en octubre de 2021 y descendió levemente al 86% en abril de este año -sobre la base de proyecciones conservadoras respecto de la inflación provincial-.

La diferencia es notoria y la cercanía con el abismo de la pobreza asusta, porque se trata de trabajadores en actividad y jubilados que se sacrificaron durante gran parte de su vida. Sin embargo, la falta de una recomposición salarial que contemple la pérdida de poder adquisitivo y la galopante inflación imperante siguen destruyendo el poder de compra de los sueldos en Chubut.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, recibió ayer en su despacho al secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la Nación y referente del Movimiento Evita a nivel nacional, Fernando «Chino» Navarro, junto a integrantes locales de esa organización. El mandatario estuvo acompañado por el secretario coordinador de Gabinete, Norberto Yauhar.

Durante el encuentro, según se indicó, se analizó la situación política y económica actual y se habló sobre la importancia de potenciar la economía popular y el trabajo de la comuna con las organizaciones sociales en el territorio.
Navarro realizó un balance positivo de la reunión: «Fue muy buena porque nos permitió analizar los pasos que tenemos que ir dando para ir saliendo de la inversión social y pasar a la inversión productiva. Necesitamos generar trabajo y eso se logra con apoyo del Estado con créditos, capacitación, herramientas. La forma de salir de la situación de pobreza no es con planes sociales, sino con trabajo, con empleo», puntualizó.

En ese contexto destacó la experiencia desarrollada por el Municipio a través de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social y en conjunto con el INTA, para la puesta en marcha de parcelas productivas: «Fue una grata sorpresa porque me encontré con una cooperativa de 20 personas, la mayoría mujeres, que no tenían experiencia previa en el trabajo de agricultura y que ahora producen frutas y verduras, no solo para consumo propio, sino también para abastecer a los comedores populares y que también están pensando en comercializar, productos de muy buena calidad y a precios justos», resaltó.

Antes de la pandemia de covid-19, Daisy García, de 26 años, atendía a unas ochenta personas por día en un comedor comunitario de la provincia de Buenos Aires. Ahora, son cerca de 1.000.

«Nunca, nunca imaginamos que íbamos a llegar a esto», comenta García. Desde que migró de Paraguay hace 14 años, esta joven vive en la zona oeste del municipio de La Matanza, el más poblado de la provincia de Buenos Aires.

El comedor está en un edificio de dos pisos construido a base de bloques de hormigón y donde también funciona un jardín de infantes, un lujo en el barrio 17 de marzo, en medio de caseríos, basurales y calles de tierra que se inundan cada vez que llueve.

«No hay un descanso. Antes trabajábamos con 70 u 80 porciones y ahora la pandemia nos dio vuelta, entre 450 a 500 al mediodía y a la noche 350 a 400 porciones diarias; también trabajamos los fines de semana», describe. «Hay mucha necesidad y mucha voces que piden. La gente viene de todos lados de por aquí».

«ESTAMOS ABANDONADOS»

Ubicada a unos 20 minutos en auto del emblemático Obelisco de Buenos Aires, La Matanza es uno de los retratos más dramáticos de la pobreza en Argentina, país con 122 villas y asentamientos.

Casi la mitad de los 1,7 millones de personas que viven en este municipio son pobres. Los casos de covid-19 aumentan cada día y la ocupación de camas en terapia intensiva se encuentra saturada.

En una semana, hasta el lunes pasado, hubo 6.680 contagios, más de 1.000 por encima de los reportados la semana anterior, lo que eleva a unos 105.000 los casos registrados.

La delincuencia por el control de la droga entre los barrios de la zona oeste del municipio es un problema sempiterno. Sobre todo, por «el paco», la pasta base de cocaína. Prácticamente no hay servicios tan elementales como salud, electricidad, y sobre todo cloacas y agua potable.

Las periódicas crecidas del río La Matanza dejan las calles sumergidas en agua sucia. «Nosotros estamos abandonados», grita un hombre. Silvana Grisel Meza tiene 20 años y lo que mas quiere es que su hijo, de dos años, tenga más oportunidades de las que tuvo ella.

«Acá adentro no se aprende nada bueno», afirma sobre su barrio Puerta de Hierro. Lo dice por experiencia propia. De sus diez hermanos, uno falleció por ajustes de cuentas y otra está en la cárcel por homicidio.

Ella y su marido se conocieron en una clínica de rehabilitación. Construir una vida mejor ahora parece imposible. Meza es ama de casa y su pareja vive «de changas», como se le dice a los trabajos ocasionales.

Pero en tiempos de pandemia, «conseguir changas es muy difícil». El barrio San Petersburgo es uno de los más peligrosos de la zona y está rodeado de garitas policiales.

Había logrado disminuir la violencia del narco, pero en los últimos meses, durante la pandemia, «las cosas volvieron a su sitio». «Al no poder salir de casa, se roban entre ellos. De un lado hay que sacar plata», explica Martín Portillo, de 47 años. Este hombre nació en la zona; ahora trabaja en la Parroquia San José, dedicada a mejorar la vida de estos barrios.

«SI FALTA EL AGUA, FALTA TODO»

La pandemia ha sido devastadora para muchas economías del mundo, pero en Argentina, en recesión desde 2018, provoca estragos. La pobreza alcanzó en 2020 al 42% de los 45 millones argentinos. Un 40% de la población argentina vive de la economía informal.

El país sudamericano sufre una inflación crónica (36% en 2020) que hace que para muchos el acceso a alimentos sea imposible. En estos barrios casi todos se alimentan gracias a la ayuda de los comedores comunitarios. Pero están hartos de peregrinar para conseguir agua. Cada vez que Natalia Elizabeth Colbet quiere lavarse las manos tiene que cargar un tacho hasta la canilla que comparte con sus vecinos.

«La verdad que es una lucha», dice esta ama de casa. Junto a unas 100 familias, Colbet se mudó hace más de dos años a este terreno situado en la localidad Ciudad Evita, en referencia a Eva Perón.

Ellos mismos bautizaron su barrio 28 de octubre, el día en que aquí se mudaron. «Yo no tengo la posibilidad de entrar a mi casa y lavarme las manos. Con la pandemia se hizo todo más difícil, demasiado». En el barrio de San Petersburgo, Silvia Rodríguez recibe alimento de los comedores para sus siete hijos. Pero conseguir agua, le resulta un desafío diario. «Nosotros estamos muy mal. Si falta el agua, falta todo».

Fuente: AFP

El Indec ha dado conocer los nuevos valores, calculados sobre el mes de marzo, de la Canasta Básica Total (CBT), la cual fija la línea de pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que estipula la línea de indigencia. La primera se sitúa en $60.874 y la segunda en $25.685, aumentando un 5% y un 4,5% respectivamente en relación al mes anterior.

Mientras tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil continúa en $21.600; y la jubilación mínima que cobra la mayoría de los jubilados en $20.571; el salario de una empleada de casa particular promedia $23.000; un programa social como el Potenciar Trabajo se halla en $10.800, y la Asignación Universal por Hijo es de $4.000. Todas cifras fijadas por el Estado que están debajo de la línea de indigencia, y denotan el grado de pauperización social a que es sometida la población trabajadora.

La CBT acumuló un aumento del 13,2% en el primer trimestre de 2021, es decir que incluso sube por encima de la inflación general, lo cual demuestra que son los trabajadores los más golpeados. En marzo, los precios de los alimentos registraron avances del 4,6%, con cifras más altas en productos de consumo popular como la carne (6,8%), en los lácteos (6,8%) y en el aceite (6,4%).

Salta a la vista el fracaso rotundo que ha significado la política de control de precios llevada adelante por el gobierno. La ausencia de medidas reales ha dado lugar a la remarcación de precios por parte de las empresas y al traslado interno del precio internacional en alza de las materias primas. La única vía de combatir ello es con la apertura de los libros de la cadena de valor para evaluar los costos de producción y comercialización, y la nacionalización del comercio exterior para evitar que los precios internos se acoplen a los internacionales.

Por otro lado, el pacto no escrito que mantienen entre el gobierno de Alberto Fernández, las patronales y las burocracias sindicales para imponer techos salariales, se traduce en que los sueldos evolucionaron a un ritmo mucho más lento en relación al avance del costo de vida. Mientras que las canastas de pobreza y de indigencia tuvieron un aumento interanual del 48% y del 45%, respectivamente, el promedio salarial del sector privado (calculado por medio del índice RIPTE) experimentó un incremento de tan solo el 28,21% en un año.

La brecha entre los ingresos y la línea de pobreza se ensancha en el universo de la informalidad laboral, donde los salarios son menores y su actualización más rezagada. Para dimensionar el alcance del trabajo no registrado en el país vale tener en cuenta que según datos oficiales más de 5 millones de personas que recibieron el IFE el año pasado no cuentan con aportes en el sistema previsional, es decir que son trabajadores se encuentran precarizados o en negro. De ellos, 1.428.000.000 son jóvenes entre 18 y 24 años.

En un escenario donde cada vez más trabajadores se hunden en la pobreza, exigimos un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $60.874. Con este planteo, el Plenario del Sindicalismo Combativo junto con el Frente de Lucha Piquetero se moviliza el próximo 27 de abril al Consejo del Salario Mínimo, unificando en las calles los reclamos del movimiento obrero ocupado y desocupado.

A solo 70 kilómetros de la pujante ciudad de Buenos Aires, la pobreza muestra su rostro más bochornoso en Argentina: habitantes pobres de los suburbios intentan cocinar para sus hijos descalzos usando leña.

En la humilde barriada situada en la localidad de Manzanares no hay electricidad, gas ni agua corriente. Los chicos juegan con juguetes de la basura al lado de viviendas sin puertas, edificadas con restos hallados en las calles.

«La pobreza te lleva a eso (…) Ya no llegás a tener derecho a nada. Ya perdés todo, hasta la dignidad”, dijo a Reuters Aida Mariela Unayche, una desempleada de 43 años con estudios secundarios completos y dos hijos adolescentes.

«Acá se vive el día a día. No sabés lo que va a pasar mañana, no sabés si llegas o no para comer», añadió Unayche, que vive de donaciones y de los restos que encuentra en la basura.

Tras años de una feroz crisis económica, los sectores pobres de Argentina sufrieron con la pandemia un tropiezo que, lejos de revertirse, podría ahondarse este año con la segunda ola de coronavirus en el país.

La pobreza alcanzó al 42% de la población a fin del año pasado y, sin perspectivas de una abrupta mejora económica a la vista, solo los subsidios estatales evitan que la mayoría de la clase baja caiga en la indigencia.

“El precio de los alimentos es el problema más crítico en Argentina. O sea, la gente hace changas, actividad informal, tiene trabajo y además va al comedor para poder estirar, para poder llegar a fin de mes”, dijo a Reuters el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Antes de la pandemia, ocho millones de argentinos recibían asistencia alimentaria, una cifra que en la actualidad creció a 10 millones.

El Ministerio de Desarrollo Social tuvo en 2020 un presupuesto de US$ 2.591 millones para paliar los efectos de una pandemia que en el país acumuló 2,5 millones de casos y provocó casi 58.000 muertes, en medio de una lenta vacunación. En 2021 podría haber políticas adicionales.

«El primer año de pandemia fue re-difícil, me quedé sin trabajo. Yo trabajé siempre de empleada doméstica y fue todo muy de repente: mi esposo también quedó sin trabajo y todos mis hijos. Fue muy duro para todos», relató María Núñez, una desocupada de Manzanares de 42 años y 10 hijos.

Algunos expertos consideran a Argentina uno de los países con más amplia asistencia estatal de Sudamérica, pero la situación dista mucho de ser ideal.

Gran parte de los subsidios sociales se financiaron con una emisión monetaria que alimentó el alza de precios, que es uno de los ejes del problema. Tras una recesión iniciada en 2018, Argentina crecería un 6,7% este año, con una inflación del 46%, según los analistas consultados por el banco central.

Con una economía en crisis y dificultades de financiamiento, el Gobierno de centroizquierda de Alberto Fernández apuesta a contener la pobreza de cara a las elecciones de medio término de octubre, en los que buscará hacerse de una mayoría absoluta en el Congreso.

Entre los sectores bajos de los suburbios de Buenos Aires se encuentra la mayoría de los votantes del Gobierno.

«Los sectores sociales más postergados son con quienes el Gobierno está más acostumbrado a lidiar, porque se trata de un Gobierno peronista y ahí están sus bases electorales más sólidas», señaló el analista político Facundo Nejamkis.

Fuente: América Economía