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Pobreza

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Antes de la pandemia de covid-19, Daisy García, de 26 años, atendía a unas ochenta personas por día en un comedor comunitario de la provincia de Buenos Aires. Ahora, son cerca de 1.000.

«Nunca, nunca imaginamos que íbamos a llegar a esto», comenta García. Desde que migró de Paraguay hace 14 años, esta joven vive en la zona oeste del municipio de La Matanza, el más poblado de la provincia de Buenos Aires.

El comedor está en un edificio de dos pisos construido a base de bloques de hormigón y donde también funciona un jardín de infantes, un lujo en el barrio 17 de marzo, en medio de caseríos, basurales y calles de tierra que se inundan cada vez que llueve.

«No hay un descanso. Antes trabajábamos con 70 u 80 porciones y ahora la pandemia nos dio vuelta, entre 450 a 500 al mediodía y a la noche 350 a 400 porciones diarias; también trabajamos los fines de semana», describe. «Hay mucha necesidad y mucha voces que piden. La gente viene de todos lados de por aquí».

«ESTAMOS ABANDONADOS»

Ubicada a unos 20 minutos en auto del emblemático Obelisco de Buenos Aires, La Matanza es uno de los retratos más dramáticos de la pobreza en Argentina, país con 122 villas y asentamientos.

Casi la mitad de los 1,7 millones de personas que viven en este municipio son pobres. Los casos de covid-19 aumentan cada día y la ocupación de camas en terapia intensiva se encuentra saturada.

En una semana, hasta el lunes pasado, hubo 6.680 contagios, más de 1.000 por encima de los reportados la semana anterior, lo que eleva a unos 105.000 los casos registrados.

La delincuencia por el control de la droga entre los barrios de la zona oeste del municipio es un problema sempiterno. Sobre todo, por «el paco», la pasta base de cocaína. Prácticamente no hay servicios tan elementales como salud, electricidad, y sobre todo cloacas y agua potable.

Las periódicas crecidas del río La Matanza dejan las calles sumergidas en agua sucia. «Nosotros estamos abandonados», grita un hombre. Silvana Grisel Meza tiene 20 años y lo que mas quiere es que su hijo, de dos años, tenga más oportunidades de las que tuvo ella.

«Acá adentro no se aprende nada bueno», afirma sobre su barrio Puerta de Hierro. Lo dice por experiencia propia. De sus diez hermanos, uno falleció por ajustes de cuentas y otra está en la cárcel por homicidio.

Ella y su marido se conocieron en una clínica de rehabilitación. Construir una vida mejor ahora parece imposible. Meza es ama de casa y su pareja vive «de changas», como se le dice a los trabajos ocasionales.

Pero en tiempos de pandemia, «conseguir changas es muy difícil». El barrio San Petersburgo es uno de los más peligrosos de la zona y está rodeado de garitas policiales.

Había logrado disminuir la violencia del narco, pero en los últimos meses, durante la pandemia, «las cosas volvieron a su sitio». «Al no poder salir de casa, se roban entre ellos. De un lado hay que sacar plata», explica Martín Portillo, de 47 años. Este hombre nació en la zona; ahora trabaja en la Parroquia San José, dedicada a mejorar la vida de estos barrios.

«SI FALTA EL AGUA, FALTA TODO»

La pandemia ha sido devastadora para muchas economías del mundo, pero en Argentina, en recesión desde 2018, provoca estragos. La pobreza alcanzó en 2020 al 42% de los 45 millones argentinos. Un 40% de la población argentina vive de la economía informal.

El país sudamericano sufre una inflación crónica (36% en 2020) que hace que para muchos el acceso a alimentos sea imposible. En estos barrios casi todos se alimentan gracias a la ayuda de los comedores comunitarios. Pero están hartos de peregrinar para conseguir agua. Cada vez que Natalia Elizabeth Colbet quiere lavarse las manos tiene que cargar un tacho hasta la canilla que comparte con sus vecinos.

«La verdad que es una lucha», dice esta ama de casa. Junto a unas 100 familias, Colbet se mudó hace más de dos años a este terreno situado en la localidad Ciudad Evita, en referencia a Eva Perón.

Ellos mismos bautizaron su barrio 28 de octubre, el día en que aquí se mudaron. «Yo no tengo la posibilidad de entrar a mi casa y lavarme las manos. Con la pandemia se hizo todo más difícil, demasiado». En el barrio de San Petersburgo, Silvia Rodríguez recibe alimento de los comedores para sus siete hijos. Pero conseguir agua, le resulta un desafío diario. «Nosotros estamos muy mal. Si falta el agua, falta todo».

Fuente: AFP

El Indec ha dado conocer los nuevos valores, calculados sobre el mes de marzo, de la Canasta Básica Total (CBT), la cual fija la línea de pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que estipula la línea de indigencia. La primera se sitúa en $60.874 y la segunda en $25.685, aumentando un 5% y un 4,5% respectivamente en relación al mes anterior.

Mientras tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil continúa en $21.600; y la jubilación mínima que cobra la mayoría de los jubilados en $20.571; el salario de una empleada de casa particular promedia $23.000; un programa social como el Potenciar Trabajo se halla en $10.800, y la Asignación Universal por Hijo es de $4.000. Todas cifras fijadas por el Estado que están debajo de la línea de indigencia, y denotan el grado de pauperización social a que es sometida la población trabajadora.

La CBT acumuló un aumento del 13,2% en el primer trimestre de 2021, es decir que incluso sube por encima de la inflación general, lo cual demuestra que son los trabajadores los más golpeados. En marzo, los precios de los alimentos registraron avances del 4,6%, con cifras más altas en productos de consumo popular como la carne (6,8%), en los lácteos (6,8%) y en el aceite (6,4%).

Salta a la vista el fracaso rotundo que ha significado la política de control de precios llevada adelante por el gobierno. La ausencia de medidas reales ha dado lugar a la remarcación de precios por parte de las empresas y al traslado interno del precio internacional en alza de las materias primas. La única vía de combatir ello es con la apertura de los libros de la cadena de valor para evaluar los costos de producción y comercialización, y la nacionalización del comercio exterior para evitar que los precios internos se acoplen a los internacionales.

Por otro lado, el pacto no escrito que mantienen entre el gobierno de Alberto Fernández, las patronales y las burocracias sindicales para imponer techos salariales, se traduce en que los sueldos evolucionaron a un ritmo mucho más lento en relación al avance del costo de vida. Mientras que las canastas de pobreza y de indigencia tuvieron un aumento interanual del 48% y del 45%, respectivamente, el promedio salarial del sector privado (calculado por medio del índice RIPTE) experimentó un incremento de tan solo el 28,21% en un año.

La brecha entre los ingresos y la línea de pobreza se ensancha en el universo de la informalidad laboral, donde los salarios son menores y su actualización más rezagada. Para dimensionar el alcance del trabajo no registrado en el país vale tener en cuenta que según datos oficiales más de 5 millones de personas que recibieron el IFE el año pasado no cuentan con aportes en el sistema previsional, es decir que son trabajadores se encuentran precarizados o en negro. De ellos, 1.428.000.000 son jóvenes entre 18 y 24 años.

En un escenario donde cada vez más trabajadores se hunden en la pobreza, exigimos un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $60.874. Con este planteo, el Plenario del Sindicalismo Combativo junto con el Frente de Lucha Piquetero se moviliza el próximo 27 de abril al Consejo del Salario Mínimo, unificando en las calles los reclamos del movimiento obrero ocupado y desocupado.

A solo 70 kilómetros de la pujante ciudad de Buenos Aires, la pobreza muestra su rostro más bochornoso en Argentina: habitantes pobres de los suburbios intentan cocinar para sus hijos descalzos usando leña.

En la humilde barriada situada en la localidad de Manzanares no hay electricidad, gas ni agua corriente. Los chicos juegan con juguetes de la basura al lado de viviendas sin puertas, edificadas con restos hallados en las calles.

«La pobreza te lleva a eso (…) Ya no llegás a tener derecho a nada. Ya perdés todo, hasta la dignidad”, dijo a Reuters Aida Mariela Unayche, una desempleada de 43 años con estudios secundarios completos y dos hijos adolescentes.

«Acá se vive el día a día. No sabés lo que va a pasar mañana, no sabés si llegas o no para comer», añadió Unayche, que vive de donaciones y de los restos que encuentra en la basura.

Tras años de una feroz crisis económica, los sectores pobres de Argentina sufrieron con la pandemia un tropiezo que, lejos de revertirse, podría ahondarse este año con la segunda ola de coronavirus en el país.

La pobreza alcanzó al 42% de la población a fin del año pasado y, sin perspectivas de una abrupta mejora económica a la vista, solo los subsidios estatales evitan que la mayoría de la clase baja caiga en la indigencia.

“El precio de los alimentos es el problema más crítico en Argentina. O sea, la gente hace changas, actividad informal, tiene trabajo y además va al comedor para poder estirar, para poder llegar a fin de mes”, dijo a Reuters el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Antes de la pandemia, ocho millones de argentinos recibían asistencia alimentaria, una cifra que en la actualidad creció a 10 millones.

El Ministerio de Desarrollo Social tuvo en 2020 un presupuesto de US$ 2.591 millones para paliar los efectos de una pandemia que en el país acumuló 2,5 millones de casos y provocó casi 58.000 muertes, en medio de una lenta vacunación. En 2021 podría haber políticas adicionales.

«El primer año de pandemia fue re-difícil, me quedé sin trabajo. Yo trabajé siempre de empleada doméstica y fue todo muy de repente: mi esposo también quedó sin trabajo y todos mis hijos. Fue muy duro para todos», relató María Núñez, una desocupada de Manzanares de 42 años y 10 hijos.

Algunos expertos consideran a Argentina uno de los países con más amplia asistencia estatal de Sudamérica, pero la situación dista mucho de ser ideal.

Gran parte de los subsidios sociales se financiaron con una emisión monetaria que alimentó el alza de precios, que es uno de los ejes del problema. Tras una recesión iniciada en 2018, Argentina crecería un 6,7% este año, con una inflación del 46%, según los analistas consultados por el banco central.

Con una economía en crisis y dificultades de financiamiento, el Gobierno de centroizquierda de Alberto Fernández apuesta a contener la pobreza de cara a las elecciones de medio término de octubre, en los que buscará hacerse de una mayoría absoluta en el Congreso.

Entre los sectores bajos de los suburbios de Buenos Aires se encuentra la mayoría de los votantes del Gobierno.

«Los sectores sociales más postergados son con quienes el Gobierno está más acostumbrado a lidiar, porque se trata de un Gobierno peronista y ahí están sus bases electorales más sólidas», señaló el analista político Facundo Nejamkis.

Fuente: América Economía

Chubut concluyó 2020 con un déficit de las cuentas públicas que ascendió a 18.920 millones de pesos. En volumen, fue el saldo en rojo más grande de la historia, pero también el tercer peor déficit de los últimos diez años respecto de los ingresos. Mientras tanto, la pobreza atrapó a casi 122 mil personas y hundió a 20 mil en la indigencia. Ambos registros están en el podio de los peores de la década. En cinco años la pobreza y la indigencia se duplicaron en la provincia.

Desde hace al menos una década, Chubut se hunde en un cuadro de dificultades crecientes, con un Estado siempre al borde de la cesación de pagos y una sociedad que padece las penurias de la falta de empleo, la inflación y un costos de vida que supera a buena parte del país.

Este 2021 arrancó con malas noticias para Chubut por la crisis que sobrelleva el Estado provincial y la situación social que padecen miles de chubutenses.

El déficit de las cuentas públicas en 2020 fue el peor en la historia y su incidencia se ubicó entre las más impactantes sobre los ingresos. La pobreza y la indigencia bajaron levemente en el final del año, pero sigue habiendo una altísima vulnerabilidad social en la provincia.

Que el Estado provincial se encuentre en crisis no es solamente un problema para los trabajadores estatales a la hora de cobrar sus sueldos. Esas dificultades se traducen en peores servicios públicos (Salud, Educación, asistencia social y contención a los más vulnerables).

También tiene un correlato directo en la falta de obras públicas y de infraestructura para el desarrollo provincial. La llegada de la pandemia de Covid mostró una estructura estatal debilitada para enfrentar el demoledor avance de un virus que impactó en el sistema sanitario y en toda la estructura económica y social.

El síndrome del Estado se evidencia cuando producen catástrofes como la del temporal que afectó a Comodoro Rivadavia hace cuatro años o la ola de incendios que devastaron hace un mes a la Comarca Andina Patagónica.

En esos momentos de catástrofe es donde se siente con mayor dureza la dificultad del Estado provincial a la hora de asistir y ayudar a los que peor la están pasado.

Buena parte de esos problemas -que parecen genéricos pero tienen rostros individuales de angustia y desesperanza- encuentran sus orígenes en el despilfarro histórico de los fondos provinciales, sumando la mala administración, la corrupción y el constante endeudamiento en dólares tomado desde 2010; que no se tradujo en una mejor calidad de vida para los chubutenses.

En lugar de pagar deuda de manera constante, Chubut tendría que estar enfocado en asistir prioritariamwnte a los empobrecidos y a los que padecen las catástrofes.

El déficit más grande de la historia

El cierre de 2020 terminó arrojando el déficit más abultado de los últimos diez años. Las cuentas públicas de Chubut tuvieron un resultado negativo de 18.920 millones de pesos en rojo como déficit primario, mientras que el déficit financiero -después de nuevos endeudamientos y pagos de la deuda contraída anteriormente- resultó de 3.684 millones de pesos negativos.

En términos nominales ese fue el peor resultado primario -ingresos frente a egresos provinciales- de la historia de Chubut; aunque si se lo compara respecto de la recaudación anual se posiciona en el tercer peor resultado de la década.

El peor de los años deficitarios fue en 2016 cuando los resultados negativos representaron el 23,5% del total de los Ingresos Corrientes de la provincia; mientras que en 2017 esa ecuación pasó a representar el 19,6% de la recaudación total. Ya para 2020 el déficit significó el 18,6% de los ingresos y se anotó como el tercer año con peores cuentas negativas de Chubut.

Si bien el Estado provincial presenta fuertes falencias a la hora de atender las necesidades de la población chubutense y estuvo todo 2020 pagando con atraso los sueldos de los empleados públicos y los jubilados provinciales, la madre de todos los problemas no fueron los aumentos de sueldos ni los gastos de funcionamiento; sino la deuda en dólares que se generó desde 2010.

Cuando llegó la hora de pagarla los fondos que ingresaban no fueron suficientes para hacer frente a los compromisos de pago asumidos.

Las obras que se utilizaron como argumento para endeudar a la provincia en dólares en su gran mayoría no se hicieron. Muchas no están finalizadas y algunas inclusive fueron transferidas a los municipios para su conclusión o su inicio; lo que significa que se terminará pagando casi dos veces por las mismas obras.

Después de 2010 comenzaron a producirse los vencimientos de esa deuda en dólares y los ingresos fueron insuficientes para concretar los pagos asumidos.

Por eso, las diferentes gestiones comenzaron a emitir nueva deuda en pesos para cubrir los ingresos en dólares por regalías que eran absorbidos por los endeudamientos de las gestiones de Mario Das Neves y Martín Buzzi.

Así se fue tejiendo un entramado de crisis económica y financiera que desembocó en casi diez años consecutivos de déficits en las arcas del Estado provincial. Durante un solo año Chubut consiguió no tener números rojos: fue en 2018, cuando ajustó brutalmente los sueldos de los estatales para conseguir mostrarse como una provincia con equilibrio fiscal.

Diez años de números en rojo

La última década fue nefasta para las arcas públicas de Chubut. La deuda no se tradujo en mejoras para la calidad de vida de los chubutenses y los déficits de las cuentas del Estado fueron creciendo de manera constante hasta llegar el récord obtenido en 2020.

En el arranque de la década pasada el déficit primario rondó por encima de los 200 millones de pesos y el superávit financiero apenas se ubicó en la banda de los 120 y 170 millones de pesos.

Entre los años 2013 y 2015 comenzó a crecer la situación deficitaria primaria a saltos significativos; pasando de los 510 millones en el 2013 a los 2.507 millones de pesos en 2015.

En 2013 todavía tuvo saldo positivo financiero con 820 millones, pero 2014 y 2015 arrojaron números rojos después del pago y la toma de nueva deuda. En 2014 el déficit financiero trepó a los 1.386 millones de pesos.

La segunda mitad de la década pasada fue un verdadero descalabro financiero para Chubut. Los distintos gobiernos que pasaron no pudieron domar el déficit primario y para contenerlo solo se les ocurrió seguir generando más deuda para pagar la anterior.

2016 fue uno de los peores años de la historia reciente provincial. El déficit primario creció notablemente y ascendió a los 5.292 millones de pesos, pero el resultado financiero terminó siendo positivo en 6.159 millones por una nueva emisión de deuda en dólares en la gestión de Das Neves.

A pesar del endeudamiento constante, los resultados negativos no desaparecieron. 2017 concluyó con un déficit primario de 7.180 millones de pesos y el financiero fue positivo en apenas 1.323 millones de pesos.

Para salir de esa espiralización deficitaria, la gestión de Mariano Arcioni -asumido tras la muerte de Das Neves- decidió aplicar un ajuste profundo sobre los sueldos estatales, las jubilaciones provinciales y el gasto público.

En 2018, tras una tremenda pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, el gobierno consiguió cerrar con números positivos gracias al achicamiento de la masa salarial general.

Las cuentas publicas arrojaron en el año del ajuste un superávit primario de 2.398 millones de pesos y el saldo financiero sólo fue de 257 millones porque se acumularon vencimientos de deudas tomadas en dólares y en pesos.

El ajuste no fue aceptado por los trabajadores estatales y estallaron los conflictos en casi todos los gremios provinciales. Las duras luchas entabladas contra la gestión de Arcioni por el recorte salarial y el pago escalonado de los sueldos derivó en una derrota política para el gobierno, quien debió otorgar los aumentos quitados en 2018 durante el año siguiente. Inclusive lo utilizó como eje de campaña para ganar las elecciones de 2019.

Sin margen de maniobra por los acuerdos firmados en paritarias, donde se otorgaron los incrementos salariales faltantes de 2018 y una cláusula gatillo de aumento según el índice inflacionario, los resultados de las cuentas públicas estallaron.

2019 concluyó con un déficit primario de 8.219 millones de pesos y un déficit financiero de 4.789 millones. Ese fue el primer año en que los números en rojos de ambas columnas alcanzaron dimensiones pocas veces vistas en la provincia.

Sin la capacidad de agrandar los ingresos y con la pandemia pero no escena desde marzo, 2020 fue el segundo año consecutivo de fuertes déficits en ambos casilleros. El rojo entre ingresos y egresos ascendió a la notable suma de los 18.920 millones de pesos; mientras que el déficit financiero se ubicó en los 3.684 millones.

Tras diez años de descalabros financieros queda más que claro el problema no son los gastos corrientes de la provincia, más allá del despilfarro generado por la corrupción. El principal motivo de la crisis es la falta de creatividad, políticas de largo plazo y de determinación política para aumentar los ingresos y recaudar como corresponde y sin prebendas para sectores privilegiados.

Por supuesto, es imprescindible considerar los enormes daños provocados por los endeudamientos que ahora se seguirán pagando hasta 2030.

La pobreza se duplicó en cinco años

Describir el déficit provincial no es una abstracción en la que la gente no cuenta. Todo lo que el Estado no puede hacer, planificar, desarrollar o generar se traduce en menos servicios y ayudas para la población.

La pobreza y la indigencia son dos indicadores de la gravedad que tiene la crisis chubutense, indudablemente influenciada por los efectos de la pandemia y la crisis nacional. Está claro que en la provincia se agravan cómo producto de la falta de capacidad que tiene el Estado para llegar a los más necesitados.

Los últimos datos del INDEC mostraron que en Chubut hay 121.894 pobres, de los cuales 20.241 son indigentes y no pueden alimentarse diariamente. Vale aclarar que esos corresponden solamente a los aglomerados urbanos de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly y de Trelew-Rawson; ya que el INDEC no mide estas variables en Esquel, Puerto Madryn ni en el interior chubutense.

Si bien la cantidad de pobres en el segundo semestre del 2020 decreció respecto de la primera mitad del año, es la segunda cifra más elevada de pobreza contabilizada en la provincia desde 2016.

Más allá de que los datos son muy preocupantes a pesar del leve descenso, no menos cierto es que la pobreza en la provincia se duplicó en los últimos cinco años.

Para el segundo semestre de 2016, cuando arrancó la nueva serie estadística del INDEC, la pobreza en Comodoro y Rada Tilly ascendía al 15,7% de la población; mientras que en Trelew y Rawson llegó al 28%.

Cinco años más tarde saltó al 31,7% en Comodoro y Rada Tilly, en tanto que en Trelew y Rawson subió al 32%. El aumento en el conglomerado sur fue del 101% y mostró una duplicación de la pobreza; mientras que en la zona del Valle se incrementó 14,3%.

De los 72.333 pobres que se contabilizaron entre ambos conglomerados en el segundo semestre de 2016, se pasó a los 121.894 registrados en la segunda mitad del año pasado. El incremento fue de casi 50 mil nuevos pobres en tan solo cinco años, que representaron un aumento en promedio provincial del 68%.

La indigencia tuvo un salto aún más significativo y llevó a la miseria más absoluta a miles de chubutenses. De los 8.465 indigentes que se contabilizaron en 2016 se pasó a 20.241 personas que no juntan el dinero necesario para alimentarse todos los días. El incremento fue del 139%, que representó el hundimiento en la miseria de 11.776 nuevos indigentes.

La asistencia del Estado a esos miles de familias empobrecidas e indigentes parece una utopía dentro de una provincia abrumada por el déficit de las cuentas públicas y los vencimientos mensuales de las deudas gemelas en dólares y pesos.

Resolver este desafío demanda audacia y voluntad política. Solo con un cambio de rumbo profundo sería posible cambiar el problemático esquema de ingresos insuficientes para solventar un Estado escuálido y sin capacidad de respuesta antevlas necesidades básicas de una población que sufre la depreciación del salario y el crecimiento del desempleo, la pobreza y la miseria.

Son datos del segundo semestre de 2020. El dato previo había sido 40,9%. Hay 12 millones de argentinos por debajo de la línea de pobreza.

La pobreza en la Argentina aumentó al 42% de la población en el segundo semestre de 2020 desde el 40,9% registrado en el semestre anterior, informó este miércoles el INDEC, en medio de una crisis económica profundizada por la pandemia de coronavirus.
Con respecto al primer semestre de 2020, se registró un aumento de la pobreza (+1,1 puntos porcentuales) mientras que la indigencia se mantuvo en 10,5%, en el mismo valor para el conjunto de la población.Según analistas la cifra registró un impacto menor al esperado producto de las políticas asistenciales del Gobierno como el IFE, el ATP o la Tarjeta Alimentar y por la reactivación económica que comenzó a notarse desde fines del año pasado.
“Hubo un primer semestre con un trimestre prepandémico y uno muy crítico y el segundo semestre se compone de dos trimestres de cierta recuperación de los indicadores laborales y sociales, pero todavía no al nivel previo a la crisis”, explicó  Sol Minoldo, Doctora en Ciencias Sociales, Investigadora de Conicet.Al tiempo que descaró que en la actualidad “hay actividades por cuenta propia que se recuperaron e incluso alcanzaron niveles mayores a los previos a la pandemia”.
La recuperación también se vivió en los sectores asalariados en especial en secciones que habían estado castigadas como comercio, construcción e industria. Según la analista, “el impacto del IFE se reflejó mucho más plenamente en los datos del tercer trimestre que en las mediciones previas”.En línea, Agustín Salvia, Director del Observatorio de Deuda Social de la UCA analizó que “el 42% constituye un promedio de dos situaciones distintas, un tercer trimestre con niveles de 39% de pobreza que incluyo el IFE, el aguinaldos de julio y las ayudas sociales y un cuarto trimestre con un 45%” sin programas sociales aunque con una recuperación económica.
Además, completa que durante el último trimestre, “ya no están los primeros programas sociales adicionales y la inflación golpeó fuertemente en un contexto en donde el empleo se reactivó, no se recuperó el empleo perdido, más aun se precarizó aún más el empleo perdido.

En números

De acuerdo con las mediciones oficiales, en los 31 aglomerados urbanos, se encuentran por debajo de la línea de pobreza 2.926.890 hogares que incluyen a 12.000.998 personas, aunque si esta cifra es proyectada a todo el país se eleva a alrededor de 19 millones.

El INDEC señaló que dentro de ese conjunto, 720.678 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, e incluyen a 3.007.177 personas indigentes, esto es el 10,5% de la población.

Según las cifras oficiales, a fines de 2020, el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $29.567, mientras la Canasta Básica Total promedio del mismo grupo de hogares alcanzó los $50.854, por lo que la brecha se ubicó en 41,9%, el valor más alto de la serie por quinto semestre consecutivo.

“De esta manera, no solo hubo un aumento en la incidencia de pobreza respecto del primer semestre de 2020, sino que la situación de las personas bajo la línea de pobreza empeoró por la mayor distancia entre sus ingresos y la Canasta Básica Total”, explicó el INDEC.

Perspectiva

Para el primer trimestre de este año, los analistas consultados no se arriesgan a lanzar una proyección definitiva porque dependerá de la recuperación económica y también de la segunda ola de casos de coronavirus que está comenzando.

Según Minoldo es difícil proyectar la pobreza para este año. “La próxima medición va a corresponder al primer semestre de 2021. Hasta ahora sólo hemos vivido la mitad de ese periodo y si bien los indicadores económicos parecerían mostrar una tendencia hacia la recuperación, estamos a las puertas de una gran incertidumbre con relación a la crisis sanitaria”.

“La falta de buenos empleos y la ausencia de reactivación hace que tengamos todavía niveles altos de pobreza y que el primer trimestre de este año uno pueda proyectar que si bien ha continuado la recuperación, la inflación también ha sido muy alta por lo tanto los de pobreza no podrían estar por debajo del 40% lamentablemente”, concluyó Salvia.

El presidente Alberto Fernández llegó este sábado a Mendoza para participar del desayuno de Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina). Fue recibido por el gobernador Rodolfo Suarez y por el presidente de Coviar, José Zuccardi.

Discurso de Alberto Fernández

“Hace 18 años llevamos a cabo el primer plan estratégico para la vitivinicultura”.
“Somos el quinto país más importante en la producción del vino industrializado”.
“Los argentinos tenemos que darnos cuenta que tenemos un potencial enorme que no debemos desaprovechar”.
“Tenemos que trabajar juntos, para la gente que vive aquí”.
“Lo que debemos hacer es un plan como sociedad, como país para que este gran potencial que es el vino gane espacio”.
“La unidad no significa fijar un discurso único, los discursos únicos degradan la calidad democrática”.
“Que todo suene en armonía nos va a permitir terminar con la pobreza”.
“Es un gran negocio terminar con la pobreza. Es hacer crecer la economía”.
“Mi obligación es que ese martirio que sufren muchos (pobreza) se terminen cuanto antes y que los privilegios también se terminen cuanto antes”.
“Con desequilibrios algunos crecen y otros miran y ese no es un buen modo de vivir en una sociedad”.
“Yo les garantizo que el gobierno nacional va a estar al lado de ustedes para hacer crecer la vitivinicultura. Ojalá que el plan vitivinícola le sirva a todos los argentinos, no solo a los mendocinos”.
Nosotros estamos para sumarnos, estamos para hacer que la industria de la vitivinicultura no pare de crecer”.

El gobernador de Mendoza también habló y reclamó por fondos para Mendoza

“Para hacer que nuestra economía regional sea más sana necesitamos que los criterios de distribución de los recursos que hace la Nación con las provincias sean previsibles y mensurables, porque sólo así se puede planificar con eficiencia el desarrollo local en cada rincón del país y, de paso, evidenciar quiénes son los que administran bien y quiénes no, por respeto a los contribuyentes que son quienes financian al Estado”.

“El “desafío ético prioritario” de toda la elite dirigencial es la lucha contra la pobreza. “Y para luchar contra la pobreza necesitamos poner fin a las desavenencias argentinas, concentrándonos en la creación de riqueza; agudizando los esfuerzos para mejorar la disciplina fiscal, como viene haciendo Mendoza en los últimos años”, insistió el gobernador.

“Los argentinos y las argentinas conocemos ya los dolores profundos que pueden producir las grietas. Es hora de ir por los beneficios que sólo la unidad puede proveer para que podamos tener un programa de desarrollo que sea sostenido en el tiempo”.

“Sólo hay esperanza con unidad. Esa es la deuda más importante que la política y la dirigencia argentina tiene con la sociedad. Y, por eso, en la unidad y en el diálogo está la vocación del gobierno que lidero para honrar los valores y la buena voluntad que las mendocinas y los mendocinos están dispuestos a poner para enfrentar la adversidad de los tiempos que vivimos y, en mayor medida, para ir por los sueños que guardan los tiempos que vienen”.

Zuccardi brindó detalles del Plan Vitivinícola 2030

“El PEVI 2030 suma aspectos centrales para el futuro como es la sostenibilidad, tanto social, ambiental y económica”

“Necesitamos competitividad para comercializar nuestro productos. Se hace necesaria la disminución de la carga impositiva”.

“El precio de los combustibles deben tener un precio diferenciado para el sector de la agroindustria”.

“Contamos con una nueva generación de hombres y mujeres hacedores del vino que están desarrollando sus empresas, ellos necesitan de todo el apoyo posible en términos de financiación, promoción y capacitación.
“Tenemos un plan de vitivinicultura argentina para los próximos 10 años, y la convicción de llevarlo adelante. El trabajo del sector público y privado lo hará posible”.

Fuente: Mitre

La crisis derivada de la pandemia de coronavirus en América Latina supondrá un retroceso de 12 años en términos de pobreza y de 20 años en términos de pobreza extrema, de acuerdo con un nuevo informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La región cerró el año con un total de 209 millones de personas en situación de pobreza, 22 millones más que el año anterior, según el informe presentado este jueves por la secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena.

El informe señala que si bien las medidas de proyección social evitaron un mayor aumento de la pobreza, las consecuencias económicas y sociales de la contingencia sanitaria serán significativas entre los países de la región más afectada por el virus, con el 27,8% de muertes registradas por Covid-19 en el mundo.

Lanzamiento informe Panorama Social de América Latina 2020

Ya desde 2014 se observaba un crecimiento continuo de la pobreza y la pobreza extrema en la región, con altos niveles de pobreza en los sectores rurales, indígenas y afrodescendientes, además de descensos continuados en el índice de desigualdad de Gini, altos niveles de informalidad y altos niveles de desigualdad de género, según la agencia de noticias Europa Press.

Entre 2014 y 2019, la pobreza en Latinoamérica aumentó desde 162 millones de personas hasta los 187 millones, mientras que en el caso de pobreza extrema el incremento fue desde 46 a 47 millones de personas.

La desocupación alcanzó el 10,7% en 2020, un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019, con una importante salida de personas de la fuerza de trabajo y una escasa posibilidad de teletrabajo, ya que sólo el 21,3% de los ocupados en la región pudo llevar a cabo el trabajo a distancia.

Los países con mayores tasas de desempleo registradas a lo largo del año fueron Argentina (20,9%), Colombia (21,8%), Costa Rica (20,1%) y Perú (39,5%), según el informe difundido hoy, que indica además que la tasa de desocupación más alta se observó en los hogares más pobres.

«Los grandes perdedores, como siempre, son los pobres», indicó Bárcena, quien indicó que «la gran pérdida que ha tenido la región en términos de trabajo es el informal».

En ese sentido, indicó que del total de empleos perdidos en Brasil, Costa Rica y México, el 76,8%, el 72,5% y el 72,6%, respectivamente, fueron informales, lo cual aumentó la vulnerabilidad de los hogares en 2020.

La Cepal estima que 491 millones de latinoamericanos (8 de cada 10) están en una situación de vulnerabilidad, ya que viven con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

Para compensar las pérdidas de ingresos de hogares, en 2020 los gobiernos implementaron 263 medidas de protección social de emergencia e inyectaron 86.000 millones de dólares entre marzo y diciembre en transferencias monetarias y en especie.

No obstante, Bárcena advirtió que la región no alcanzará la inmunidad de rebaño en 2021, debido al «fuerte acaparamiento» internacional al acceso de las vacunas, así como otras restricciones en aspectos logísticos que podrían afectar de manera negativa a las campañas de vacunación.

Para finales de esta década podrían sumarse otros cinco millones de pobres en la región, advierte un informe de la Celac. Solo en un año, 4,8 millones de latinoamericanos pasaron a vivir en extrema pobreza debido a la crisis sanitaria actual. Pero si la recuperación económica pospandemia no busca hacer resilientes a los países frente al cambio climático, para finales de esta década se sumarán otros cinco millones de pobres en la región.

Así asegura el informe «Una recuperación Verde y Resiliente para Latinoamérica» presentado por el Centro Global de Adaptación y la Presidencia pro tempore de México de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Según datos del World Economic Forum, América Latina y el Caribe es la región del mundo con más inequidad. Ahora, la pandemia no ha hecho más que profundizar esa diferencia. Según datos de Cepal, en la región hay cerca de 230 millones de pobres, de los cuales casi 90 millones viven en pobreza extrema.

La falta de inversión social, la debilidad de los sistemas de salud y la gran tasa de informalidad laboral -que fluctúa entre 30 y 70 por ciento según el país- hicieron que los efectos de la pandemia hayan sido mucho más severos en la región.

«Existen subsidios en algunos países, pero ellos no están focalizados. Ello hizo que la región quedara mucho más golpeada que el resto del mundo después de la primera ola de contagios por covid-19», dijo a SciDev.Net Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y coautor del reporte.

De esta manera, y considerando solo 2020, Latinoamérica ostenta seis de las 20 principales tasas de contagios per cápita del mundo. Mientras que de las 20 naciones con mayores tasas de defunción por COVID-19, nueve son latinoamericanas.

Y aun cuando la pandemia parece ser el tema más preocupante, el cambio climático no se ha detenido. Sus impactos no solo siguen creciendo de manera acelerada, sino que las consecuencias son más severas y se están produciendo de forma más temprana que lo estimado por los científicos, explicó a SciDev.Net Ede Ijjasz-Vásquez, asesor sénior del Centro Global de Adaptación y quien no fue parte del estudio.

América Latina y el Caribe pierden en promedio 11 mil millones de dólares anuales por causa de desastres naturales asociados al clima. Además, nueve de los 20 países con mayor merma en su PIB debido al cambio climático a nivel mundial son de la región, según el informe.

A pesar de esta realidad, destaca el informe, la inversión en infraestructura resiliente solo se ha incrementado en 3 por ciento comparada con la infraestructura convencional. Pero si los países destinaran entre 3 y 13 mil millones de dólares al año a construir infraestructura que se adapte al nuevo clima, para findes de la década se habrán generado 700 mil millones de dólares en beneficios netos solo por la prevención de daños.

Mena aseguró que sumando un 3 por ciento al costo de la obra se logra tener un diseño resiliente de la infraestructura. Eso no solo permitiría asegurar que una comunidad no quede aislada por el corte de un puente, por ejemplo, sino también que no se pierda toda la actividad económica asociada a ese paso.

De los pequeños negocios que cierran más de dos semanas por una inundación, el 70 por ciento no vuelve a abrir, recordó Ede Ijjasz-Vásquez. «Por ello todavía queda mucho por hacer en adaptación y resiliencia en Latinoamérica», agregó.

Además de abordar las brechas en infraestructura, el informe recomienda a los países que los estímulos económicos consideren beneficios directos para las personas y así cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Movilizar inversiones y crear empleos para reducir la inequidad, pero también generar inclusión para mujeres, indígenas y afrodescendientes.

«Si el propósito de esos empleos se volcara a la resiliencia se podrían generar beneficios inmediatos», aseguró Mena. Limpiar las quebradas para evitar incendios forestales, eliminar los basurales o reforestar permiten, además, incluir en los programas de empleo a la mano de obra no calificada.

«Si la región no enfrenta la desigualdad tendrá más estallidos sociales (como los de Chile y Colombia), pero también se demorará más en pararse de la pandemia y en reponerse del cambio climático», advirtió el científico.

El Banco Mundial estima que, para mediados de siglo, la región tendrá cerca de 20 millones de migrantes climáticos internos.

Fuente: Extremo Sur de la Patagonia

El 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza al cierre del tercer trimestre del año, por encima del 32,1% y 40,8% registrado en igual período de 2019, en un contexto en el que resultó determinante la pandemia de coronavirus y en la que los números hubiesen sido mayores si el Estado no implementaba medidas de ayudas para enfrentar la situación, según un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

«Bajo el escenario de crisis Covid-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia», señaló el informe de la UCA.

«El nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social», agregó la casa de Altos Estudios.

Según los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), entre julio y octubre 34,9% de los hogares y 44,2% de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza, y 7,3% de los hogares y 10,1% de las personas eran indigentes, los porcentajes más altos de la década.

Al respecto, el director del Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia, dijo que «sin la AUH, el IFE, la Tarjeta Alimentar y el resto de los subsidios, la indigencia hubiera sido el doble y la pobreza hubiese trepado al 53%».

Remarcó que estos guarismos son «parte de un proceso que lleva diez años de estancamiento, con tres años de caída», entre 2018 y 2020.

«Es necesario un crecimiento económico y un pacto económico-social para crear empleo porque sino no hay posibilidad de salir de la pobreza», completó Salvia.

Entre 2019 y 2020, 10,3% y 13,7% de las personas cayeron en situación de indigencia y pobreza, respectivamente; y, las ayudas sociales brindaron «un piso mínimo de ingresos» pero fueron «insuficientes» y «no llegaron a todos los que sufrieron pérdidas de ingresos», alertó el informe.

Según la UCA, en los dos últimos años se registró un deterioro tanto en relación a la carencia monetaria como a las privaciones no monetarias, con un incremento de la pobreza por ingresos como de los niveles de pobreza «multidimensional»: de 37,5% a 41% de la población.

El 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza al cierre del tercer trimestre del año, por encima del 32,1% y 40,8% registrado en igual período de 2019, en un contexto en el que resultó determinante la pandemia de coronavirus y en la que los números hubiesen sido mayores si el Estado no implementaba medidas de ayudas para enfrentar la situación, según un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

«Bajo el escenario de crisis Covid-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia», señaló el informe de la UCA.

«El nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social», agregó la casa de Altos Estudios.

Según los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), entre julio y octubre 34,9% de los hogares y 44,2% de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza, y 7,3% de los hogares y 10,1% de las personas eran indigentes, los porcentajes más altos de la década.

Al respecto, el director del Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia, dijo que «sin la AUH, el IFE, la Tarjeta Alimentar y el resto de los subsidios, la indigencia hubiera sido el doble y la pobreza hubiese trepado al 53%».

Remarcó que estos guarismos son «parte de un proceso que lleva diez años de estancamiento, con tres años de caída», entre 2018 y 2020.

«Es necesario un crecimiento económico y un pacto económico-social para crear empleo porque sino no hay posibilidad de salir de la pobreza», completó Salvia.

Entre 2019 y 2020, 10,3% y 13,7% de las personas cayeron en situación de indigencia y pobreza, respectivamente; y, las ayudas sociales brindaron «un piso mínimo de ingresos» pero fueron «insuficientes» y «no llegaron a todos los que sufrieron pérdidas de ingresos», alertó el informe.

Según la UCA, en los dos últimos años se registró un deterioro tanto en relación a la carencia monetaria como a las privaciones no monetarias, con un incremento de la pobreza por ingresos como de los niveles de pobreza «multidimensional»: de 37,5% a 41% de la población.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Grupo Banco Mundial publicaron este martes un informe según el cual 365 millones de niños, uno de cada seis menores de edad, viven en situación de extrema pobreza, y agregaron que estos datos pueden incrementarse debido “al impacto económico de la pandemia” de coronavirus.

Antes de que la pandemia de coronavirus golpeara la economía internacional, uno de cada seis menores de edad ya vivía en condiciones de pobreza extrema.

Según el estudio, dos tercios de esos niños habitan en África subsahariana, en hogares que luchan por sobrevivir con un promedio de 1,90 dólares al día o menos por persona, mientras que el sur de Asia aloja a casi una quinta parte de estos chicos.

El análisis muestra que el número de personas que viven en la pobreza extrema disminuyó en 29 millones entre 2013 y 2017. Sin embargo, el avance de los últimos años ha sido “lento y desigual, además de que se encuentra en riesgo” debido al impacto económico de la pandemia.

El director de Programas de Unicef afirmó que “el número de niños que debe luchar para sobrevivir debería escandalizar a cualquiera”.

“Y la escala y la profundidad de las dificultades financieras provocadas por la pandemia solo están destinadas a empeorar las cosas. Los gobiernos necesitan con urgencia un plan de recuperación infantil para evitar que muchos más niños y sus familias alcancen niveles de pobreza que no se habían visto durante muchos, muchos años”, dijo Sanjay Wijesekera.

Aunque los niños representan cerca de un tercio de la población mundial, son casi a mitad de la población extremadamente pobre.

Los niños más pequeños son los que están en peor situación, agregó el informe de Unicef.

El 20% de ellos es menor de 5 años y viven en hogares extremadamente pobres del mundo en desarrollo, destacó el informe.

“El hecho de que uno de cada seis niños viviera en la pobreza extrema y que el 50% de los pobres extremos del mundo fueran niños antes de la pandemia de coronavirus es motivo de gran preocupación para todos”, recalcó Carolina Sánchez-Páramo, directora global de la División de Pobreza y Equidad del Banco Mundial.

La pobreza extrema priva a cientos de millones de niños de la oportunidad de alcanzar su potencial en términos de desarrollo físico y cognitivo, y amenaza su capacidad para conseguir buenos trabajos en la edad adulta.

“A raíz de la desorganización económica masiva causada por la pandemia, es más crucial que nunca que los gobiernos apoyen a los hogares pobres con niños y reconstruyan su capital humano durante la recuperación”, concluyó Sánchez-Páramo.