El Gobierno nacional resolvió una profunda reestructuración en la fiscalización de productos de consumo masivo en todo el país.
A través del Decreto N° 697/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración central dispuso la disolución formal del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y la redistribución de sus competencias operativas y sanitarias entre dos entidades clave: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Salud de la Nación.
SENASA centralizará los controles y se fija plazo para el Código Alimentario
La reforma busca separar de manera tajante el control operativo de la política de salud, eliminando duplicaciones burocráticas e inspecciones redundantes. El SENASA asumirá la totalidad del registro, control y fiscalización de los alimentos e importaciones, aprovechando su infraestructura territorial, laboratorios y cuerpo de inspectores a nivel nacional.
Entre los puntos más destacados de la medida se fijan transformaciones profundas:
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Simplificación y equivalencias: Se reconocerán de forma automática las certificaciones de aditivos e ingredientes emitidas por países con sistemas de control reconocidos o que apliquen el Codex Alimentarius.
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Base Única de Datos: SENASA administrará una plataforma centralizada para el registro unificado de establecimientos y productos en todo el país, agilizando la trazabilidad.
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Tope de tiempo histórico: Se estableció, por primera vez, un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar las normativas del Código Alimentario Argentino.
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Facilidades para el e-commerce y comercio exterior: Las importaciones de productos envasados para venta directa tendrán controles posteriores al ingreso para evitar demoras, mientras que para las exportaciones se emitirán certificados mediante un único organismo internacional.
Nueva agenda del Ministerio de Salud: Foco en la eliminación de aditivos
Por su parte, el Ministerio de Salud concentrará la rectoría de la política alimentaria saludable basándose en la evidencia científica sobre la composición de los insumos. Mientras el SENASA se encargará de fiscalizar el cumplimiento de las normas en la práctica, la cartera sanitaria definirá los criterios de fondo de la regulación.
La primera prioridad marcada por las autoridades para este nuevo esquema será avanzar de forma gradual en la eliminación de colorantes y saborizantes en la elaboración de alimentos procesados, en estricta sintonía con las recomendaciones y estándares internacionales de nutrición.