El Poder Ejecutivo presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas. La iniciativa establece penas de hasta 20 años de cárcel, inhabilitaciones comerciales y multas equivalentes a tres millones de barriles de petróleo para empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las islas.
A su vez, crea el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, e incorpora un protocolo de interceptación aeroespacial y marítima.
El Gobierno nacional remitió al Parlamento una normativa integral para endurecer la postura jurídica, económica y militar respecto del Atlántico Sur. Tras formalizar la presentación de la iniciativa, el Poder Ejecutivo solicitó a la dirigencia política «poner en pausa otras discusiones» para priorizar el debate parlamentario del texto.
«Todo lo que se hizo en el pasado resultó ineficaz e insuficiente para defender de manera efectiva la causa Malvinas».
A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el presidente Javier Milei fundamentó la urgencia de coordinar acciones entre las distintas fuerzas políticas para sostener el reclamo imprescriptible sobre el territorio insular:
«No podemos darle el lujo a quienes usurpado nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas».
Las 20 claves del régimen sancionatorio para empresas y proveedores
La iniciativa deroga la anterior Ley 26.659 y extiende el universo de infracciones más allá de la actividad hidrocarburífera, abarcando cualquier desarrollo pesquero, minero o de aprovechamiento de recursos renovables y no renovables.
El régimen castiga tanto a las firmas operadoras como a sus socios, accionistas, controlantes y proveedores que presten servicios logísticos, financieros o de consultoría. Asimismo, dispone la rescisión de contratos con el Estado nacional, inhabilitaciones comerciales de entre 5 y 20 años, e incorpora la figura del juicio en ausencia para procesar penalmente a los responsables aunque no se encuentren en territorio nacional.
Para abrir una vía de adecuación, la ley crea el Régimen de Desistimiento y Regularización, mediante el cual las empresas podrán cesar sus actividades ilegales y pagar una multa o reconvertir sus inversiones en el país para extinguir la acción penal.
Creación del Sistema de Seguridad Nacional y protocolo de protección marítima
La propuesta centraliza las funciones diplomáticas, económicas, de inteligencia, ciberdefensa y protección de infraestructura crítica bajo el Sistema de Seguridad Nacional. Su órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, conducido por el Presidente de la Nación e integrado por el Jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Secretaría Legal y Técnica.
En situaciones de grave riesgo, el Consejo contará con facultades extraordinarias para restringir operaciones bancarias y cambiarias, aplicar bloqueos temporales de activos y elevar hasta un 75% los derechos de importación y exportación a Estados extranjeros involucrados.
En materia de control territorial, la norma fija un esquema de protección aeroespacial y marítima para detectar e interceptar aeronaves irregulares o embarcaciones no autorizadas en el mar argentino, estableciendo un protocolo graduado que abarca advertencias, disparos de disuasión y, como última instancia, la inutilización de buques.