La Legislatura de Chubut aprobó el canje de deudas con Nación tras un extenso debate.
Con el respaldo de la mayoría oficialista, la Cámara de Diputados de Chubut sancionó este jueves el proyecto de ley general 085/2026, que ratifica la adhesión provincial al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas impulsado por la Casa Rosada. La herramienta administrativa permite compensar los pasivos que la provincia mantiene con el Estado nacional frente a los fondos, obras e infraestructura pendientes.
Saneamiento y defensa oficialista
La sanción legislativa llega en sintonía con la prórroga de 60 días hábiles dispuesta por el Gobierno nacional a través del decreto 171/2026. Durante el debate en el recinto, los legisladores del oficialismo defendieron enfáticamente la medida:
-
Luis Juncos fundamentó los beneficios estructurales de la iniciativa, destacando que resulta indispensable para lograr un saneamiento definitivo de las cuentas públicas provinciales.
-
Por su parte, Daniel Hollman puso en valor las gestiones del Ejecutivo provincial y la importancia de consolidar un entendimiento para recuperar activos e infraestructura que impulsen el movimiento económico local.
Férrea resistencia opositora y críticas por «falta de información»
En la vereda opuesta, los bloques de la oposición —con las intervenciones de los diputados Vanesa Abril, Gustavo Fita, Juan Pais y Emanuel Coliñir— expresaron un rechazo rotundo al acuerdo y votaron en contra al argumentar que la votación se redujo a un «acto de fe» debido a la escasez de documentación técnica y respaldatoria.
Los legisladores disidentes cuestionaron la falta de respuestas de los funcionarios provinciales en las comisiones y advirtieron sobre un riesgo financiero latente: señalaron que las obras de infraestructura que Chubut reciba o reactive podrían terminar siendo financiadas mediante la asunción de nuevas deudas en dólares sujetas a altas tasas de interés.
Pese a las objeciones, el oficialismo impuso su número y convalidó el pacto, habilitando al Gobierno provincial a avanzar con las etapas de auditoría y validación de acreencias estipuladas por la normativa nacional.