La Cámara Federal de la Seguridad Social dispuso aplicar el esquema de actualización aprobado durante la gestión de Mauricio Macri para el período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024, tras advertir una pérdida del poder adquisitivo cercana al 47%.
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609 —vigente entre 2021 y mediados de 2024 durante la gestión de Alberto Fernández— y ordenó reemplazarla por el mecanismo previsto en la ley 27.426, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. La resolución fue dictada en el marco de una demanda iniciada contra la ANSES por la jubilada Carmen Galletta y sienta un precedente clave tanto para el reclamo de diferencias retroactivas como para el recálculo de la base de los haberes actuales.
El fallo lleva la firma de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, quienes revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el planteo. De acuerdo con la decisión judicial, el haber de la demandante deberá ser recalculado con el esquema anterior desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, para luego empalmar con el régimen de actualización mensual por inflación dispuesto mediante el decreto 274/2024.
En sus fundamentos, el magistrado Fantini señaló que la fórmula sancionada en 2020 —basada en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria— carecía de cláusulas gatillo o pisos de garantía frente a una aceleración inflacionaria. Al comparar el período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, el tribunal constató que la movilidad acumulada fue del 553,55%, frente a una suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1.129,07%, lo que representó una pérdida real del poder de compra del 46,83%. Asimismo, los jueces remarcaron que los aumentos posteriores atados al IPC no corrigieron ese deterioro al aplicarse sobre una base ya depreciada.
Cómo se calculará el reajuste y cuál es el alcance de la medida
Para recomponer el haber, la Cámara optó por reinstalar la fórmula de la ley 27.426 —que combinaba trimestralmente un 70% de inflación (IPC) y un 30% de variación salarial (RIPTE)— por tratarse de una pauta previamente aprobada por el Congreso Nacional.
Respecto a la etapa de liquidación y los parámetros financieros fijados por el tribunal, se establecieron las siguientes pautas:
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Descuentos y topes: Deberán restarse las sumas ya abonadas en concepto de movilidad, adelantos y bonos extraordinarios para evitar duplicaciones. Además, se declaró inconstitucional el tope del artículo 9 de la ley 24.463 si genera una quita igual o superior al 15%.
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Intereses y prescripción: Se aplicará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central, aunque el tribunal admitió la excepción de prescripción planteada por la ANSES, acotando el período exigible de retroactivos.
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Impacto del fallo: La sentencia tiene efecto únicamente sobre el expediente de la demandante y no implica un aumento automático generalizado, aunque consolida un antecedente de peso para miles de litigios previsionales en trámite.