La Casa Rosada analiza distintas acciones jurídicas y diplomáticas de cara a la resolución prevista para el 28 de noviembre sobre el proyecto petrolero Sea Lion. En el Ejecutivo aseguran que agotarán todas las instancias internacionales incluso si se rechazan las medidas provisionales solicitadas.
El Gobierno nacional aguarda con cautela el pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, sobre el pedido argentino para frenar la explotación hidrocarburífera ilegal en las Islas Malvinas. La resolución, fijada para el sábado 28 de noviembre tras las audiencias celebradas esta semana en Alemania, marcará el próximo paso en la ofensiva diplomática y legal contra el avance unilateral del Reino Unido.
En Balcarce 50 reconocen que una de las posibilidades es que los magistrados consideren que el futuro tribunal arbitral carece de jurisdicción preliminar para intervenir en la controversia, aunque también contemplan fallos favorables o parcialmente favorables. La prioridad del equipo jurídico —coordinado por la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica— es preservar las vías de actuación internacional sin presentar un eventual revés procesal como el cierre del reclamo.
El eje del reclamo y los tres escenarios en análisis
La presentación argentina bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) no solicita que el tribunal defina la soberanía territorial sobre el archipiélago, sino que ordene medidas provisionales urgentes para proteger los derechos sobre la plataforma continental y evitar un daño irreparable antes de que se constituya el tribunal arbitral de fondo.
De cara a la decisión de fines de noviembre, en la Casa Rosada trabajan sobre tres alternativas principales:
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Concesión total de las medidas: Obligaría al Reino Unido a frenar de inmediato nuevas perforaciones, instalaciones productivas y autorizaciones vinculadas al yacimiento Sea Lion, impulsado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
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Protección parcial: Establecería restricciones específicas, controles ambientales rigurosos o límites al uso de información obtenida durante la etapa exploratoria.
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Rechazo del planteo: Exigiría analizar los fundamentos del fallo —diferenciando si responde a una cuestión de jurisdicción o de falta de urgencia— para presentar una nueva solicitud una vez constituido el tribunal arbitral de cinco miembros.
Durante las audiencias en Hamburgo, la delegación argentina —integrada por el embajador Mario Oyarzábal, María Ibarzabal Murphy y los juristas Marcelo Kohen y Nicolaas Jan Schrijver— advirtió que los trabajos preparatorios ya están en marcha y que la extracción de recursos no renovables prevista para 2027 resulta irreversible. La defensa británica, en cambio, argumentó que la producción comercial recién comenzará en 2028 y cuestionó la competencia del organismo.
Sanciones a empresas y frente legislativo
Más allá del trámite judicial en Alemania, el plan oficial contempla sostener la presión administrativa, diplomática y parlamentaria sobre las compañías involucradas en el área en disputa:
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Sanciones administrativas: El Ejecutivo ya emitió más de 180 notas de desaliento a proveedores y mantiene abiertos procedimientos sancionatorios contra unas 60 personas humanas y jurídicas vinculadas a la actividad petrolera en el Atlántico Sur.
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Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: El oficialismo busca debatir el proyecto en la Cámara de Diputados el próximo 18 de noviembre, aunque aún negocia con bloques aliados algunos artículos que exceden el capítulo específico de protección de recursos.