El Poder Ejecutivo nacional puso en marcha una nueva revisión integral de la administración pública con el objetivo de reestructurar organismos, fusionar dependencias y profundizar la reducción del gasto antes del inicio pleno del escenario electoral de 2027.
La medida busca dar respaldo legislativo a transformaciones del Estado y mantener la pauta de recortar un 10% adicional de la dotación estatal durante el año.
En Balcarce 50 confirmaron que los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, se encuentran evaluando funciones, presupuestos, estructuras y superposiciones territoriales para definir el alcance del nuevo paquete de reformas.
Una revisión caso por caso sin lista cerrada
A diferencia de las iniciativas impulsadas a comienzos de año mediante decretos delegados que luego quedaron sin efecto en el Congreso, desde la Casa Rosada aclararon que este nuevo análisis no parte de una nómina fija de dependencias.
«Se está trabajando. No está cerrado qué entra y qué no», señalaron fuentes de Nación sobre el relevamiento que abarca tanto a los entes alcanzados por los decretos anteriores como a otras áreas de la administración centralizada y descentralizada.
El proceso incluye el cruce de datos sobre dotaciones de personal, presencia territorial y superposición de tareas con provincias y municipios. El objetivo oficial es evitar presentar una copia exacta del paquete rechazado y construir una propuesta con sustento técnico y legislativo.
Reducción de personal y metas de empleo público
El plan oficial prevé dar continuidad a la disminución de puestos de trabajo mediante la no renovación de contratos, programas de retiro voluntario, pases a disponibilidad y reestructuraciones de planta permanente.
Según el último informe del Ministerio de Desregulación, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se registraron las siguientes cifras en el sector público:
-
Puestos eliminados: 71.029 empleos menos, equivalente al 14,1% de la dotación total.
-
Ahorro fiscal acumulado: estimado en US$ 2.814 millones.
-
Impacto por áreas: la Administración Pública Nacional (APN) redujo su personal un 20,1%, mientras que en las empresas públicas la baja alcanzó el 21,5%.
-
Tipos de contratación: los contratos bajo Ley Marco cayeron un 26,4% y los convenios con monotributistas retrocedieron un 48,6%, frente a un recorte del 15% en las plantas permanente y transitoria.
Por su parte, el Indec ubicó la plantilla total de junio en 271.696 personas (184.202 en la APN y 87.494 en empresas estatales), lo que representa una caída interanual del 6,8% en la administración central y del 4,5% en las firmas públicas.
Pese a que la meta de reducir un 10% la dotación en 2026 genera resistencias internas en algunas carteras que advierten falta de margen operativo, en el Ejecutivo descartaron fijar porcentajes uniformes y ratificaron que el análisis se realizará caso por caso.
Equilibrio fiscal y reforma tributaria
La profundización del ajuste sobre la estructura estatal está vinculada a la dinámica de las cuentas públicas y a la proyección del marco macroeconómico. Aunque junio cerró con un resultado financiero negativo de $1,025 billones, el primer semestre del año mantuvo un superávit primario cercano al 0,6% del PBI y uno financiero del 0,1%.
En la Casa Rosada sostienen que cualquier futura reforma tributaria que contemple la reducción de alícuotas o la eliminación de impuestos requiere, de forma indispensable, un recorte paralelo del gasto para preservar el equilibrio fiscal.
Esta línea coincide con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima para 2026 un superávit primario del 1,4% del PBI y remarca la necesidad de mantener límites estrictos sobre los salarios públicos, las transferencias a empresas del Estado, los subsidios y los gastos de capital.