La causa que investiga el presunto espionaje ilegal contra periodistas, dirigentes y sindicalistas durante la gestión de Mauricio Macri sumó un capítulo de altísima tensión judicial.
Tras la controvertida decisión que desligó de responsabilidades a la ex cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los querellantes salieron al cruce para exigir que la resolución sea revocada de inmediato.
Duro recurso judicial del CELS contra la decisión del juez Martínez de Giorgi
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una apelación formal ante la Cámara Federal contra el fallo emitido por el titular del Juzgado Federal N°8, Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado había dictado el sobreseimiento de Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi, argumentando que los perfiles y fichajes realizados sobre comunicadores en el marco de la cumbre de la OMC de 2017 y el G20 de 2018 estaban «justificados» por «razones de seguridad nacional».
Frente a este argumento, desde el CELS calificaron la resolución como una medida «prematura» que genera un «gravamen irreparable». Para la entidad defensora de los derechos humanos, Martínez de Giorgi incurrió en una valoración irrazonable de las pruebas e interpretó de manera errónea las conductas denunciadas, amparándose en una búsqueda «superficial» de noticias en internet sobre eventos internacionales pasados para justificar el accionar de la central de espías, en lugar de exigir pruebas concretas sobre verdaderas hipótesis de conflicto en Argentina.
Infiltrados, omisiones de prueba y pedido de recusación al magistrado
Entre los aspectos más severos del escrito presentado, la querella advirtió que la AFI habría recurrido a «fuentes propias» en una reunión del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Hotel Bauen, lo que sugiere el uso de informantes infiltrados en actividades políticas. Asimismo, denunciaron que el magistrado omitió categóricamente responder a pedidos de indagatoria pendientes y solicitaron que se cite como testigos a los funcionarios María del Carmen González, Gastón Schulmeister, Carlos Federico Guillermo Becker Fioretti y Claudio Ricardo Gutiérrez, vinculados a la logística de seguridad de los eventos internacionales.
Por último, el CELS solicitó formalmente el apartamiento de Martínez de Giorgi del expediente. La querella fundamentó su pedido en el temor fundado de parcialidad, sosteniendo que el juez ya se encuentra condicionado por una postura previa sobre el fondo del asunto, por lo que la Cámara Federal deberá resolver no solo el futuro procesal de Arribas y Majdalani, sino también la continuidad del magistrado al frente de la causa.