Un severo revés judicial sacude a la política y al sindicalismo nacional tras una drástica resolución de la Justicia Federal.
El juez Sebastián Casanello procesó a dos ex interventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y a dos empresarios implicados en una escandalosa maniobra de desvío de fondos públicos. Entre los principales procesados figura Sergio Aguirre, conocido por haber sido socio comercial del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
Una empresa fantasma y contrataciones irregulares por millones
La causa penal iniciada por las irregularidades en la obra social de los peones rurales puso bajo la lupa una contratación directa realizada a favor de la firma Htech Innovation. Esta compañía fue creada de manera presurosa en abril de 2024, apenas cuatro meses después de la asunción presidencial de Javier Milei, careciendo por completo de la capacidad técnica y operativa para prestar los servicios contratados.
El fiscal federal Guillermo Marijuan precisó que los ex interventores Virginia Montero y Marcelo Petroni habrían llegado a sus cargos por recomendación directa de Aguirre. El dictamen fiscal sostiene que el empresario ejerció una influencia determinante sobre los funcionarios para dirigir la voluntad del organismo y lograr la adjudicación millonaria sin justificación alguna.
Delitos graves, millonario embargo y cobros millonarios
El juez Casanello procesó a Virginia Montero y Marcelo Petroni como autores de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. En tanto, Sergio Aguirre (ex socio de Menem) y María Casandra Mirabelli (presidenta de Htech Innovation) fueron procesados como partícipes necesarios de ambas figuras penales. Para resguardar el patrimonio del Estado, el magistrado dictó un embargo preventivo por un total de $1.463.896.868 sobre los bienes de los imputados.
La pesquisa judicial demostró que la firma vinculada a Aguirre obtuvo ganancias ilícitas por un monto exacto de $247.836.858,63 mediante el contrato con Osprera. Las transferencias y cheques investigados comenzaron a ejecutarse el 12 de noviembre de 2024 y se extendieron en forma continuada hasta el 11 de julio de 2025, configurando un esquema continuo de desvío de dinero de la salud rural.